El fiscal Abel Córdoba terminó hoy su alegato en el juicio de la “ruta del dinero K” y pidió una pena de 12 años para Lázaro Báez, que otra vez se negó a presenciar la audiencia desde la cárcel de Ezeiza por el riesgo del coronavirus. El empresario ya acumulaba tres pedidos de penas de entre 8 y 9 años de cárcel de las tres querellas. La Fiscalía también pidió penas altas para los cuatro hijos de Báez y reclamó que el tribunal ordene el decomiso de 45 inmuebles y dos autos a nombre del empresario, entre otros bienes.
El fiscal pidió que sean condenados el abogado Jorge Chueco, actualmente en libertad, y Daniel Pérez Gadin, una pieza clave en la estructura de Báez, a 8 años de cárcel.
“Perez Gadín se ha molestado de ser acusado como el contador de Báez. Si fue o no, no tiene efecto alguno. En los documentos bancarios aparece como top manager de las compañías de Lázaro Báez. En su indagatoria pidió que se le muestre una transferencia realizada por él. Solo como ejemplo, con su firma solicitó el cierre de una cuenta y la transferencia de fondos”, sostuvo el fiscal.
Algo similar ocurrió con Jorge Chueco. “Su ámbito de mayor despliegue es la operatoria de Helvetic, pero actuó en dueto con Pérez Gadín”, concluyó el fiscal Córdoba.
En el caso de los tres hijos de Báez que están libres, Melina, Luciana y Leandro, el fiscal les otorgó un grado similar de responsabilidad. “Cuanto mayor fue la exposición pública de la causa, mayor fue su participación. Pasaron de ser beneficiarios de las cuentas a accionistas de las empresas”, explicó. En el caso de Martín Báez, solicitó una pena de 9 años, la más alta desde que comenzaron los alegatos.
En el caso de Leonardo Fariña, la Fiscalía solicitó una pena de apenas 5 años por su rol como arrepentido. Córdoba sostuvo que le correspondería una pena de 8 años, que redujo en 3 años por sus aportes a la causa.
Además de las penas, La Fiscalía reclamó que el tribunal ordene el decomiso de 45 inmuebles y dos autos a nombre de Báez; un avión a nombre de Top Air; 120 vehículos a nombre de Austral Construcciones; y las acciones de la mayoría de las sociedades involucradas, entre otros bienes. En la primer audiencia de su alegato, el fiscal Córdoba dijo que tomará en cuenta como ilícitos precedentes del lavado de dinero las irregularidades en la obra pública, que se juzgan en la causa de Vialidad, donde la vicepresidenta Cristina Kirchner es una de las principales imputadas, y la evasión impositiva de Austral Construcciones.
