Su obra social prefiere pagar una baja multa y eludir el tratamiento.
José Pedro Vera es un joven peón que sufre hemoglobinuria paroxística nocturna (HPN), una enfermedad en la sangre poco frecuente que, sin medicación adecuada, es mortal. El tratamiento estándar, reconocido por la comunidad médico-científica internacional, se basa en la administración de Eculizumab (Soliris), el fármaco más caro del mundo.
La Obra Social del Personal de la Actividad del Turf (Ospat) se niega de todas las formas posibles a cubrir el tratamiento indicado por una médica especializada.
Intimada por la Justicia Federal de Salta hace más de tres meses, la obra social optó por afrontar las bajas multas diarias (astreintes) y persistir en su situación de incumplimiento, mientras a Vera la vida se le escapa como arena entre los dedos.
Lisandro Sastre Siladji, el abogado que patrocinó la acción de amparo, sostuvo que para prepagas y obras sociales como la que tiene Vera, la pandemia de COVID-19 se convirtió en otra excusa para consolidar sus incumplimientos. “De pronto, pacientes que necesitan acceder a medicaciones urgentes se encontraron con las obras sociales cerradas y sin ningún tipo de respuestas”, advirtió.
El letrado, especializado en Derecho a la Salud, recordó que las astreintes son multas procesales en dinero que imponen los jueces ante el incumplimiento de alguna orden judicial. “En teoría, lo que se busca con este tipo de sanciones conminatorias es que el incumplidor, al ver afectado su patrimonio, desista de su actitud”, aclaró, al cuestionar las exiguas multas diarias que se fijan en los amparos de salud. “Al ser tan bajos no llegan a influir en el ánimo contumaz de los incumplidores, de manera tal que les sigue siendo mucho más lucrativo incumplir que cumplir, sobre todo en medicamentos caros”, puntualizó Sastre Siladji.
El abogado también aclaró que las astreintes no siempre son cobradas en forma efectiva. “Muchas veces se recurre a su morigeración para que las obras sociales y prepagas paguen menos o incluso nada”, acotó.
Su par Juan Pablo Bento afirmó que es muy común que las personas que padecen algún problema de salud, o sus familiares, tengan que enfrentar un tortuoso camino lleno de obstáculos burocráticos para recibir las prestaciones médicas en tiempo y forma.
“Requisitos de todo tipo, a veces exigidos de forma arbitraria por las obras sociales, someten a los pacientes a demoras, malos tratos y situaciones de impotencia ante el rechazo de sus requerimientos, afectando su derecho a la salud”, manifestó Bento. El joven abogado y periodista hizo notar que entre las obras sociales y sus afiliados también hay una relación de consumo que, por tanto, se encuentra amparada por la ley 24.240 de defensa del consumidor.
Bento precisó que los incumplimientos de las obras sociales son cada vez más frecuentes y extendidos, a pesar de que el derecho a la salud está constitucionalmente amparado. “Si bien el recurso de amparo sigue siendo una herramienta útil para garantizar el acceso a medicaciones, tratamientos y prestaciones médicas negadas o recortadas, existen casos en los que tampoco ha sido eficaz esta herramienta jurídica”.
