La investigación reveló una red de corrupción en la que policías facilitaban la venta de drogas a cambio de dinero, brindando protección e información a las «bocas de expendio». Además, se detectó la presentación de denuncias falsas para encubrir las actividades ilícitas.
Los fiscales penales Mariana Torres de Orán y Daniel Espilocín del Distrito Centro, representaron al Ministerio Público Fiscal en la audiencia flexible y multipropósito ante el Juez de Garantías 1 de Orán Francisco Oyarzu, en la que se elevó a juicio la causa contra personal policial de la Sección de Seguridad Interior y Narcotráfico (SINAR) 23, de Orán, acusado de facilitar la venta de drogas a cambio de dinero, brindando protección e información sobre allanamientos solicitados a las denominadas «bocas de expendio».
Los acusados son, Mariana Cristina Castellanos, Carla Elizabeth Jáuregui, Fabián Fernando Romano y Cristian Alexander Gareca, quienes enfrentarán cargos por peculado, incumplimiento de los deberes de funcionario público, y cohecho pasivo, en concurso real. Asimismo, se imputó a Mercedes Stella Marys Benicio, Ruth Alejandra Carvajal, Hernán Federico Romero, y Luisa Verónica Choque. por incumplimiento de deberes de funcionario público. Finalmente, Beatriz Leniz y Rebeca Nilsa Pereyra fueron acusadas de cohecho activo.
La investigación reveló la participación de varios efectivos policiales en hechos de cohecho y otros delitos vinculados a la facilitación de actividades ilícitas a cambio de dinero. Se determinó que los involucrados habrían llegado a acuerdos para evitar allanamientos, alertando a las personas bajo investigación, lo que permitió el ocultamiento de pruebas y la fuga de los sospechosos, frustrando así los procedimientos policiales.
Los sargentos Mariana Castellanos, Carla Elizabeth Jáuregui, Fabián Fernando Romano y Cristian Alexander Gareca, habrían incurrido en la apropiación indebida de recursos afectando la normalidad de la función policial al quedarse con dinero que secuestraban en los allanamientos consignando una cantidad inferior en las respectivas actas.
Por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público por omisión, se encuentran imputados Castellanos, Jáuregui, Romano, Gareca, Ruth Alejandra Carvajal, Hernán Federico Romero, Luisa Verónica Choque y Mercedes Stella Marys Benicio, acusados de omitir investigar a las personas denunciadas por venta de estupefacientes y no denunciar irregularidades.
Finalmente, por el delito de cohecho activo, están imputadas Beatriz Leniz, María Cristina del Valle Saracho y Rebeca Nilsa Pereyra, ya que, según la investigación, son quienes habrían entregado dinero a efectivos policiales a cambio de protección e información para desarrollar libremente el comercio de drogas. Se resalta que éstas tres mujeres se encuentran condenadas por venta de estupefacientes, por una investigación a cargo de la Policía Federal, fuerza que fue convocada por la Fiscalía al advertir la omisión dolosa de investigarlas por parte de la policía de la provincia.
Las pruebas reunidas, incluyen conversaciones telefónicas grabadas, mensajes de WhatsApp y testimonios, que evidencian la connivencia policial y la estructura delictiva que operaba dentro de la fuerza.
Durante un allanamiento en el domicilio de María Cristina del Valle Saracho se encontraron sustancias estupefacientes fraccionadas, lo que evidenció la intención de comercializarlas. Saracho ya cumplía prisión domiciliaria por un delito similar concedida por el ex Juez Parisi de manera irregular, siendo ésta conducta una de las causales de su destitución.
