Observan las sociedades Alcorta Corp. y Pompeya Group Corp., ambas radicadas en Panamá
El funcionario designado por el presidente Javier Milei para combatir la evasión fiscal y fortalecer la recaudación tributaria está en el centro de la controversia. Se trata de Andrés Vázquez, titular de la Dirección General Impositiva (DGI), quien, según una investigación periodística, compró propiedades en Miami a través de sociedades offshore que no fueron declaradas ante la Oficina Anticorrupción.
De acuerdo a la información publicada por el periodista Hugo Alconada Mon, de diario La Nación, y respaldada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), Vázquez figura como titular de las sociedades Alcorta Corp. y Pompeya Group Corp., ambas radicadas en Panamá.
Estas sociedades realizaron las siguientes compras:
– El 9 de enero de 2013, Alcorta Corp. pagó US$ 710.000 por un departamento en el exclusivo edificio Icon Brickell, en Miami.
– Al día siguiente, la misma offshore adquirió otro departamento en la avenida Brickell 1060 por US$ 350.000.
– El 20 de julio de 2015, la sociedad Pompeya Group Corp. compró una suite en el condominio Chateau Beach Residences, ubicado en Sunny Isles, por un valor de US$ 980.000.
Posteriormente, y tras la exposición de los Panamá Papers en 2016, Vázquez insertó a la sociedad Galanthus Capital Limited, con sede en las Islas Vírgenes Británicas, como controlante de Alcorta y Pompeya. La investigación también reveló que Galanthus sigue siendo titular de las sociedades offshore panameñas y, por lo tanto, de dos departamentos en Miami, cuyo valor actual asciende a US$ 1.690.000.
Alconada Mon publicó copias de la documentación que vincula directamente a Andrés Vázquez con las propiedades, incluyendo registros de la empresa Trident Trust, donde se categoriza al funcionario como “Persona Políticamente Expuesta”. El documento incluye una copia del pasaporte de Vázquez, con los mismos datos de contacto que figuran en los registros oficiales.
La Ley de Ética Pública obliga a los funcionarios a presentar declaraciones juradas que incluyan la totalidad de sus bienes, tanto en el país como en el exterior. Sin embargo, en su última declaración presentada en octubre del año pasado ante la Oficina Anticorrupción, Vázquez informó la titularidad de diez inmuebles en Argentina, pero omitió cualquier referencia a las sociedades offshore y las propiedades en Miami.
El pasado del funcionario
Vázquez tiene una larga trayectoria en la AFIP, donde ingresó en 1990. Su gestión no ha estado exenta de polémicas: en 2009, encabezó un mega operativo contra el Grupo Clarín, bajo la gestión de Ricardo Echegaray y en plena presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Más tarde, fue desplazado de la Regional Sur Metropolitana por acusaciones de corrupción y hostigamiento político.
Vázquez fue designado por el gobierno de Milei en octubre pasado al frente de la DGI, tras la reestructuración de la AFIP en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Las denuncias podrían derivar en nuevas investigaciones judiciales y administrativas, poniendo a prueba el discurso de transparencia y eficiencia que impulsa la actual gestión.
