Hasta el momento, las autoridades detuvieron a cuatro personas como presuntos responsables del emprendimiento: dos empresarios de Salta, Carlos Alberto Díaz Chilo y Pablo Gastón Pellegrino; un contratista, Cristian Sajama y el arquitecto y capataz, Walter Jorge Mosca.
Pablo Pellegrino es socio de la firma GENCO con sede social en Los Cebiles 92 de Barrio Tres Cerritos y oriundo de Rosario de Lerma. Junto a sus socios explotaban a 24 albañiles salteños en una obra en Nordelta en Tigre.
Los 24 trabajadores salteños vivían en condiciones inhumanas.
En un operativo sin precedentes en la zona norte del conurbano bonaerense, la Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló una organización criminal dedicada a la trata laboral, explotando a más de 20 trabajadores en condiciones inhumanas en obras de construcción de lujo.
La investigación, encabezada por el Ministerio de Seguridad y coordinada con el Juzgado Federal N.º 1 de San Isidro, derivó en 13 allanamientos simultáneos en Nordelta, Ramos Mejía, Escobar y otras localidades, dejando un saldo de cuatro detenidos clave: un empresario, un contratista y un arquitecto, entre otros.
El comienzo de la investigación
El caso se originó en junio pasado tras una denuncia presentada ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). Las autoridades identificaron una red que captaba ciudadanos del norte del país, prometiéndoles trabajo, pero que en realidad los sometía a jornadas laborales extenuantes de hasta 16 horas diarias. Las víctimas, un total de 24 personas de ambos sexos, vivían en condiciones infrahumanas, hacinadas, sin acceso a comida adecuada, ventilación ni higiene básica, y bajo constantes amenazas.
Los detenidos, según la información policial
• Carlos Alberto Díaz Chilo: Vinculado a la compra de vehículos utilizados por la organización.
• Cristian Sajama: Contratista involucrado en la gestión de las obras.
• Walter Jorge Mosca: Arquitecto y capataz, acusado de coaccionar a las víctimas para trabajar bajo estas condiciones.
• Pablo Gastón Pellegrino: Empresario que habría invertido en los proyectos y facilitado la estructura financiera de la organización.
El caso marca un hito en la lucha contra la explotación laboral en el sector de la construcción. La fiscalía y la justicia federal continúan investigando para identificar posibles cómplices y analizar la responsabilidad penal de las empresas involucradas.
Con los principales cabecillas tras las rejas, las autoridades esperan que este caso sirva como advertencia para otras organizaciones que intenten beneficiarse de la vulnerabilidad de los trabajadores. Mientras tanto, las víctimas inician un camino hacia la recuperación, con la esperanza de que la justicia prevalezca.
