El pasado 11 de junio al mediodía un repartidor de lácteos se dirigió a la playa de estacionamiento del Supermercado Libertad luego de realizar las cobranzas de su ruta habitual.
Dejó su camioneta estacionada frente al salón de comidas con el seguro automático activado. Al regresar a su vehículo un par de horas después, notó que el desbloqueo automático no funcionaba. Al acercarse, se percató de que la camioneta estaba abierta, sin signos de violencia, y que le habían sustraído la suma de cuatro millones de pesos, producto de las cobranzas realizadas. El dinero se encontraba en una bolsa y una caja detrás del asiento del conductor, cubierto por una campera.
Las cámaras de seguridad del supermercado captaron el momento del ilícito, mostrando a un individuo sospechoso merodeando cerca del vehículo de la víctima. Minutos después, se vio cómo un auto se estacionó junto a la camioneta, y un individuo se bajó rápidamente, entró en la camioneta y luego el auto se dio a la fuga a alta velocidad.
Gracias al análisis de las cámaras de seguridad del supermercado y de una estación de servicio cercana, se pudo identificar el vehículo utilizado por los delincuentes. Se determinó que, previo al robo, los individuos habían cargado combustible en la estación de servicio, donde uno de ellos pagó en efectivo.
La investigación, llevada a cabo por la División Individualización Criminal del Ministerio de Seguridad, utilizando tecnología de reconocimiento facial y análisis de redes sociales, permitió identificar a un hombre de 32 años como uno de los autores del robo. Se descubrió que el individuo residía en la provincia de Tucumán y que formaba parte de una banda delictiva que operaba en las dos provincias. Se presume que utilizaban inhibidores de señal para cometer los robos.
Tras la investigación, que incluyó análisis de registros telefónicos y la colaboración de la policía de Tucumán, se logró la detención del hombre de 32 años. El individuo fue imputado por el delito de hurto calificado por el uso de llave verdadera, falsa o similar.
El juez de Garantías 4 Diego Rodríguez Pipino ante un acuerdo de juicio abreviado consentido por las partes en una audiencia flexible y multipropósito, lo condenó a la pena de un año de prisión de ejecución condicional, sujeta al cumplimiento de reglas de conducta por el término de dos años.
Entre las reglas de conducta impuestas, se destacan la prohibición de consumir alcohol y sustancias estupefacientes, la obligación de fijar y mantener domicilio, la prohibición de acercarse a la víctima en un radio de quinientos metros y la obligación de adoptar un oficio para procurarse un medio de vida lícito.
Por su parte, un hombre de 37 años fue sobreseído del delito de robo calificado por el que había sido acusado por no haber participado del hecho por el que había sido imputado.
