“Para brindar completitud a los derechos de la aquí imputada, se vulneraron o se pusieron en riesgo los derechos de 481 mujeres” internas “sin contar a las funcionarias, también mujeres, encargadas del cuidado de las alojadas”, señaló el tribunal.
Gabriel Fernández comenzó sus problemas judiciales hace menos de una década. Gran parte de sus parejas lo acusaron de maltrato y violencia de género. Fue preso. En medio de ese largo proceso anunció que se auto percibía mujer y debía ser tratada como tal. La ley así lo obliga. Fue entonces cuando se registró una situación insólita: con su nueva identidad, Gabriela, rechazó las acusaciones y sostuvo que no podía ser imputada por violencia de género si era una mujer. Volvió a la cárcel frente a nuevas imputaciones y alojada en un pabellón de mujeres violó a una interna que quedó embarazada. Todo sucedió en una cárcel de Córdoba.
La Justicia no solo acaba de confirmar su prisión preventiva y ordenó avanzar hacia el juicio oral por violencia de género para Gabriela. También dispuso su traslado a un lugar especial, en donde se respete su identidad, pero no se ponga en peligro a otras internas. “Para brindar completitud a los derechos de la aquí imputada, se vulneraron o se pusieron en riesgo los derechos de 481 mujeres”, sostuvo el fallo al que accedió Infobae.
“Paradójicamente, nos encontramos ante un supuesto contrario al previsto, es decir, la imputada, quien se auto percibe mujer y perteneciente al grupo LGBTI, es la que convierte en víctimas o presas de sus necesidades o gustos a sus compañeras, aprovechando, claro está, que se encuentra alojada en un establecimiento que no estaría preparado para esos casos de excepción, al menos por el momento”, dijeron los jueces de la Cámara de Acusación de Córdoba, con la firma de los jueces Carlos Salazar, Patricia Farías y Maximiliano Davies, al ordenar trasladarla a un lugar en donde no esté en contacto ni con mujeres ni con hombres.
