Al menos 46 de 114 jueces y juezas federales de 14 provincias argentinas tienen familiares designados en el Poder Judicial. Esta cifra, obtenida a partir de la planilla de personal de julio de 2024, ha permitido crear por primera vez un mapa detallado de las relaciones familiares dentro de la Justicia federal en la Argentina.
Así lo revela una investigación periodística de Connectas y Chequeado, en función de una base de datos elaborada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que revisó la lista de 3.601 cargos de la Justicia federal en 14 provincias que integran 7 circunscripciones judiciales. En todas se encontraron casos de jueces federales con familiares empleados.
Aunque no todos los casos evidencian nepotismo directo -algunos familiares pudieron haber sido designados por méritos profesionales o antes del vínculo-, el elevado número de casos registrados sugiere patrones que fomentan el debate público sobre los procedimientos de selección de funcionarios y la necesidad de mayor transparencia y objetividad en las designaciones. El hecho de que no se hayan celebrado concursos para hacer los nombramientos, como dispone la Ley de Ingreso Democrático vigente desde 2013, impide saber a ciencia cierta cuáles fueron las razones que los motivaron.
El número de jueces con familiares en la Justicia federal podría ser mayor, en la medida en que el parentesco pudo pasar desapercibido o no ser comprobado en este relevamiento (ver metodología). Del universo examinado, surge que un número relevante de familiares nombrados está relacionado con jueces con más de 10 años de antigüedad en cuerpos colegiados (camaristas, es decir la segunda instancia de un proceso judicial). Los jueces de tribunales orales en lo criminal federal conforman el 48% de los 46 casos hallados.
Jujuy y Salta
En los tribunales federales de Jujuy y Salta, 7 jueces de 17 están vinculados familiarmente con empleados y funcionarios. Tres de los magistrados tienen cónyuges que también trabajan en la institución: se trata del camarista Lucio Renato Rabbi Baldi Cabanillas (su esposa es Denise Blajean Bent, secretaria del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº2 de Salta) y de los jueces Esteban Hansen y Leonardo Bavio (respectivos consortes de Carola Martínez Allende, secretaria de la Oficina Judicial de la Justicia Federal de Jujuy; y de María Martha Ruiz, secretaria del Juzgado Federal Nº2 de Salta).
Rabbi Baldi Cabanillas no contestó el requerimiento de un comentario, mientras que Bavio no respondió respecto de Ruiz en una ampliación de la consulta como sí lo había hecho antes sobre un primo segundo, Cristian Ricardo Bavio, secretario del Tribunal Oral de Salta, de cuyo nombramiento se desligó por completo: dijo que este había entrado en “1994 o 1995” cuando él era secretario penal de la Cámara Federal de Salta.
Por su parte, un secretario de la Superintendencia de la Justicia federal de Jujuy envió el descargo de Hansen. Según esa nota, aquel juez no tuvo ninguna participación en el nombramiento de Martínez Allende. El texto refiere que aquella había ingresado al Poder Judicial de la Nación en 2009; que se desempeñó en la Secretaría Electoral del Juzgado Federal N° 1 de Córdoba y que luego obtuvo un traslado a la Secretaría Electoral del Juzgado Federal N° 1 de Jujuy “mediante resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 07/02/18 previa conformidad prestada por el entonces titular del Juzgado Federal N° 1 de Jujuy, Mariano W. Cardozo”.
También envió una respuesta Domingo José Batule, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Salta, quien adjuntó el CV de Simón Augusto Batule Cabana con la siguiente manifestación: “Es mi hijo, es abogado y fue designado como ‘jefe de despacho’ por l@s Jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de Salta. Para un correcto y justo escrutinio de ustedes y de la sociedad toda, considero que resulta relevante que también se publique su currículum vitae”.
Una situación particular se dio respecto del juez del Tribunal Oral Nº1 de Salta, Federico Santiago Díaz, y de su hermano, Carlos Felipe Díaz Lannes, secretario del Juzgado Federal de Villa Mercedes en San Luis. El magistrado negó haber influido en el nombramiento del funcionario y advirtió que él carecía de potestades para cubrir cargos en los tribunales federales de San Luis: además, acotó que él y su hermano se habían desarrollado profesionalmente en lugares diferentes. “Hago saber que para acceder al cargo que desempeño rendí numerosos concursos, y se me designó cuando integraba 8 ternas para tribunales orales de diferentes puntos del país, y de esas 8 ternas, en 7 me encontraba en el primer lugar de la terna”, añadió el juez.
Los demás magistrados con parientes que se desempeñan en esta jurisdicción de la Justicia federal no contestaron la requisitoria periodística.
En la provincia de Salta el apellido Catalano se repite en los tribunales. Este apellido lo comparten 3 primos: las juezas federales Gabriela Elisa Catalano y Mariana Inés Catalano, y el juez de la Corte provincial desde 2007 Guillermo Catalano. Además, el cónyuge de Gabriela es juez provincial. Ella y su prima Mariana habían sido funcionarias judiciales antes de concursar y ganar sus cargos actuales.
En su descargo, Mariana Catalano ratificó que llegó a su cargo actual de magistrada por concurso y pidió que esto se manifestara de ese modo para que la investigación tuviese rigor. Y Gabriela Catalano expresó que su cónyuge concursó en forma pública para acceder a sus 2 designaciones en el Poder Judicial local y que la información estaba disponible.
Por Irene Benito de Chequeado
