Allanaron centros de fertilidad en una causa que investiga un negocio ilícito transnacional con mujeres explotadas por la subrogación de vientres
El MPF investiga a personas e instituciones que ofrecían a parejas extranjeras con dificultades para tener hijos un “servicio” para gestar un bebé y entregarlo a cambio de 50.000 dólares.
Captaban como madres gestantes a mujeres vulnerables a las que les ofrecían 10.000 dólares. La causa se inició por una mujer alemana de 58 años que se presentó en un hospital de la ciudad de Bonn con una beba de tres meses en pésimas condiciones de salud y nacida en Argentina.
A pedido de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12, a cargo de Alejandra Mángano, con la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), se realizaron una serie de allanamientos y órdenes de presentación en centros médicos, escribanías y estudios jurídicos de la ciudad y la provincia de Buenos Aires y la provincia de Santa Fe, en el marco de una causa en el que se investiga un posible negocio ilícito de características trasnacionales dedicado a la explotación del cuerpo de mujeres gestantes, a través de lo que se denomina “subrogación de vientres”, y la posterior comercialización de los y las niños/as que nacen a partir de ese método.
La investigación se inició en enero pasado y en la maniobra participarían personas y empresas constituidas en el extranjero -con actividades en nuestro país-, a través de lo cual los implicados obtienen importantes ganancias.
“En concreto, las personas humanas y jurídicas contra las que se dirige la investigación difundían sus servicios a través de distintas vías de comunicación en el extranjero, tomando de ese modo contacto con parejas que deseaban tener hijos pero que no podían llevar adelante un embarazo. A estos les ofrecían un ‘servicio’ -que, en algún caso, por ejemplo, era denominado ‘Programa Argentina’- con un valor aproximado de U$S 50.000 dólares”, señaló Mángano en el dictamen donde pidió los allanamientos.
El inicio de la investigación
El caso se inició el 25 de enero del año en curso, a raíz de la presentación efectuada por la titular de la Dirección de Contencioso del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, ante la sala de sorteos de la Cámara Federal.
El Consulado de la República Argentina en la ciudad de Bonn de la República Federal de Alemania fue contactado por personal de la Dirección Provincial de Menores del Estado Federado de Sarre, que informó que una mujer alemana de 58 años se había presentado en el hospital de la localidad donde reside y solicitó la atención médica para una niña de tres meses nacida en Argentina, acreditando su filiación con una partida de nacimiento emitida por el Registro Civil de la Ciudad de Buenos Aires y un pasaporte argentino.
La funcionaria alemana advirtió que la niña se encontraba en pésimas condiciones de salud y que la mujer que la llevó a la guardia no se encontraba en condiciones de brindarle la atención necesaria, circunstancia por la cual dio aviso a la policía local y le quitó en forma provisoria la custodia de la bebé y la entregó al cuidado de una familia sustituta.
La investigación permitió determinar, por un lado, que el nacimiento de la menor fue inscripto en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de Ciudad Autónoma de Buenos Aires al amparo de la Disposición 122/DGRC/20.
También se estableció que el proceso de fertilización fue realizado en una institución médica privada ubicada en la Capital Federal, donde se llevó a cabo el tratamiento de gestación por sustitución y se identificó a la gestante.
“El suceso por el que se inició la causa no resulta ser aislado, por el contrario, quedó al descubierto que se trataría de una mecánica empresarial, desarrollada a nivel nacional e internacional, específicamente dedicada a llevar a cabo tratamientos de ‘gestación por sustitución’”, remarcó Mángano en su dictamen
La fiscal federal explicó que ese servicio “incluía la selección de la persona gestante, la adquisición los embriones a implantar, el tratamiento en sí mismo, los controles regulares del embarazo y el posterior parto”.
En el mismo dictamen, la fiscal federal Mángano que además es titular junto a Marcelo Colombo de la PROTEX, indicó que “otra cara de este ‘negocio’, es el sistema de reclutamiento de las gestantes, consistente en que las empresas contactaban a mujeres a través de redes sociales, y aprovechando sus necesidades socioeconómicas, les ofrecían la suma de U$S 10.000 (dólares) por llevar adelante la gestación; monto de dinero al que sumaban un ‘plus’ de entre U$S 1.000/2.000 (dólares) si el parto fuera por cesárea”.
Si por cualquier circunstancia el embarazo resultare interrumpido, las empresas involucradas se negaban a devengar pagos, excepto los montos que se hubieran abonado por gastos mínimos mensuales. De este modo, los actores involucrados se aprovechaban de la situación de pobreza y vulnerabilidad de las mujeres ofreciéndoles 10 mil dólares a cambio de realizar los intentos que fueren necesarios para provocar un embarazo, transitar el embarazo con todos los correspondientes controles, y entregar al niño nacido por esta práctica, todo esto sin contar las posibles consecuencias físicas y emocionales -acreditadas en el caso- que puede tener este tipo de prácticas en las mujeres gestantes.
Las personas investigadas habrían desplegado con habitualidad “un negocio criminal dedicado a la captación de mujeres, muchas de ellas vulnerables y en condiciones de carencia económica, con la finalidad de ser sometidas a una explotación equiparable a la reducción a la servidumbre”, señala el dictamen.
Desde la fiscalía explicaron que el propósito final de este negocio ilícito era la inscripción registral del niño/a y su posterior entrega. “Todo este sofisticado esquema de negocios se encuentra articulado con el único fin de lograr el nacimiento de un niño o niña para entregarlo a una pareja que en muchos casos era de origen extranjero sin residencia en el país, con quien no tiene ningún vínculo genético, cultural ni social, como se verificó en el ‘caso 1’ que dio origen a la presente investigación”, subrayó Mángano en el dictamen.
