La Unidad Fiscal requirió la medida en base a investigaciones judiciales previas y declaraciones testimoniales vertidas en diferentes procesos por delitos de lesa humanidad que dan cuenta de la existencia de una fosa común en el Cementerio de la Santa Cruz.
El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) llevó a cabo una serie de excavaciones e intervenciones en el Cementerio de la Santa Cruz, ubicado en el acceso a la capital provincial, con el objeto de establecer la ubicación de una fosa común cuya existencia ha sido mencionada por testigos de diferentes causas judiciales de esa jurisdicción.
A partir de un requerimiento del fiscal general de Salta, Eduardo Villalba, el titular del Juzgado Federal N°1 de esa ciudad, Julio Bavio, ordenó que las tareas se desarrollaran entre el 16 y el 17 de septiembre pasado en uno de los sectores identificados en la investigación como el sitio probable de la fosa.
Según informó la Unidad Fiscal, los resultados de las tareas realizadas por el EAAF serán volcados en un informe, que será evaluado con el conjunto de la prueba reunida en la investigación.
En función de los resultados, las medidas podrían extenderse hacia otros sectores del cementerio, protegidos por una medida cautelar de no innovar dispuesta por el juzgado federal a requerimiento de la fiscalía.
Entre los antecedentes reseñados en el dictamen fiscal que propició la medida, se destacó el hallazgo de restos óseos pertenecientes a Gemma Fernández Arcieri de Gamboa, identificados por su odontólogo en 1977. El profesional corroboró ese hallazgo y aportó algunas referencias acerca de la ubicación y las características de la fosa común en la causa conocida como “Fronda y acumuladas”, del registro del Tribunal Oral Federal N°1 de Salta.
Entre los numerosos testimonios reunidos que sustentan la hipótesis, la fiscalía marcó también el relato de un exempleado del cementerio que trabajó en el lugar por más de 32 años, quien reveló que una noche, entre 1976 y 1977, lo obligaron a quedarse en su lugar de trabajo para abrir las puertas a camiones del Ejército Argentino, que arribaron con cuerpos que arrojaron en una fosa común.
A partir de estas declaraciones, el fiscal general solicitó avanzar con medidas para determinar su ubicación y la identidad de los cuerpos que podrían estar enterrados allí de manera ilegal.
Nuevos medios técnicos
Dentro de los antecedentes de la investigación de la fosa se destaca una primera excavación, que tuvo lugar en 1984, a raíz de la primera denuncia sobre estos hechos.
En 2007 y 2015, a requerimiento de la Unidad Fiscal y con la intervención del EAAF, se sucedieron otras intervenciones en procura de determinar la ubicación de restos de víctimas de la represión ilegal.
Al solicitar una nueva intervención de los expertos, el fiscal general consideró que en el tiempo transcurrido desde la exhumación de 1984 se produjeron “importantes avances científicos y técnicos” que podrían arrojar resultados novedosos, y destacó “la experiencia acumulada en la materia por el Equipo Argentino de Antropología Forense”.
En particular, puso de relieve la existencia nuevos medios técnicos, más desarrollados y, por lo tanto, con mayores probabilidades de arribar a la identificación de las víctimas, a partir de obtención de muestras de ADN y su entrecruzamiento con los datos disponibles en el Banco Nacional de Datos Genéticos, entre otras técnicas de identificación personas.
