Hoy se presentó formalmente el pedido de jury contra el Juez de Garantías Nº 2 de Orán, acompañado de la solicitud de su destitución. Se fundamenta en acusaciones por mal desempeño en sus funciones e incumplimiento de los deberes inherentes a su cargo.
El procurador general de la provincia de Salta, Pedro Oscar García Castiella, presentó hoy una acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento contra el Juez de Garantías Nº 2 de Orán, Claudio Alejandro Parisi, solicitando su destitución. La acusación se basa en que su accionar habría sido contrario a las exigencias legales y constitucionales propias del cargo, entendiéndose que la conducta del magistrado lesiona el servicio de justicia y deslegitima su permanencia.
En la presentación realizada se detalla y acompaña documentación que expone el manejo irregular de varios casos por parte del magistrado, lo cual se plasmó en decisiones contradictorias, arbitrariedades en la concesión de beneficios infundados a personas imputadas por hechos graves y, en algunos casos, reiterados. Todo ello se agrava con la sospecha de que dichos privilegios procesales eran abonados en dinero, en varios casos con personas vinculadas a organizaciones criminales y narcotraficantes. Si bien los delitos de cohecho en los que se encuentra imputado Parisi forman parte de las respectivas causas penales que se encuentra en proceso, la denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento no se basa en esas acusaciones, sino en el objetivo desmanejo de los casos, que resulta evidente de la sola compulsa de los expedientes que se encontraban a su cargo.
El primer hecho en que se basa la acusación ante el Jury consiste en el caso “Pereyra”, en el que una mujer condenada por traficar estupefacientes, mientras cumplía pena en su domicilio, al volver a ser imputada por un nuevo hecho de la misma actividad ilícita, fue beneficiada por Parisi con la continuidad de su «prisión» domiciliaria, sin custodia policial alguna ni método de monitoreo electrónico de sus movimientos.
Otra situación se presentó en el caso “Leniz” (coimputada de Pereyra en el último caso mencionado), donde el criterio del juez pareció ser diferente, puesto que, si bien había concedido la prisión domiciliaria a la imputada, luego la dejó sin efecto ante un informe del Servicio Penitenciario respecto a una nueva imputación que pesaba sobre Leniz.
La imputación y posterior requerimiento a juicio del juez Parisi por el delito de cohecho agravado se justificó no solo por las conversaciones entre la acusada Leniz y la oficial de policía Castellanos, en las que esta última ofrecía sus vínculos familiares con el juez para que aquélla obtuviera beneficios a cambio de abultadas sumas de dinero, sino también porque los detalles de las conversaciones revelan que Castellanos tenía conocimiento preciso de la causa sin intervenir en ella como auxiliar de la justicia. Además, se constató la adulteración en la cadena de custodia de un cuaderno que se encontraba secuestrado y bajo la responsabilidad de Parisi, el cual la acusada Leniz solicitó telefónicamente a Castellanos.
La misma falta de criterio, razonabilidad y justicia se presenta en las decisiones tomadas por Parisi en relación a José Dimas Ruiz (ex candidato a intendente de Orán), en la causa en la que se encuentra acusado como partícipe del violento y millonario robo a la empresa Abra el Sol, en el que también está imputado como autor, entre otros, Cristian “Gringo” Palavecino; situación que fuera denunciada por la abogada Sandra Domene y una hermana del imputado Ruiz en donde se denunciara el pedido de coima para el otorgamiento de una detención domicilaira. En ese expediente, Parisi intentó dar una apariencia diferente a la medida adoptada a favor de Ruiz, afirmando en la resolución que hacía lugar al pedido de prisión preventiva, cuando en realidad ordenó una simple restricción ambulatoria en su propio domicilio. Desde su residencia, Ruiz sumaría luego otras acusaciones, por haber pasado información a la organización criminal para que robara las casas de sus vecinos.
A ello se agrega el hecho de que se encuentra bajo investigación penal y con requerimiento de juicio el supuesto cohecho en el que también está involucrado Parisi, por recibir dinero a cambio de los beneficios otorgados al ex contador de la empresa Abra El Sol, Jose Dimas Ruiz. De las conversaciones encontradas en los teléfonos del hermano del acusado Ruiz y del secretario del juzgado, Maximiliano Correa, que se realizaron con el abogado Roberto Ortega, quien representaba a Ruiz, se advierte que hablan del pago de una suma de dinero. Además, se revela que, incluso antes de que el Juzgado de Garantías formalizara la decisión, esa parte ya conocía el resultado y el horario en que habría de efectivizarse.
Por último, García Castiella denunció el grosero actuar de Parisi en el caso del sicariato que acabo con la vida de César “Oreja” Martínez, hermano del Intendente Carlos Alfredo “Conejo” Martinez, a quien le concedió el arresto domiciliario a pesar de estar acusado por tentativa de femicidio y contar en ese momento con dos resoluciones de prisión preventiva en su contra, dictadas por el propio Parisi: una en una causa por violencia de género en perjuicio de la misma víctima y otra por venta de drogas.
Mientras Martínez gozaba de la prisión domiciliaria concedida, fue ejecutado fríamente en la vereda de su casa por sicarios que pasaron en motocicletas y le asestaron 17 disparos.
El juez Parisi también intervino en la causa que investigaba la muerte de Martínez, oportunidad en la cual se obstaculizó el avance de la actuación de la Fiscalía al no admitir pedidos de allanamientos y secuestro de pruebas de interés para descubrir la verdad. Este comportamiento también forma parte de la acusación presentada hoy por el Procurador.
