Desde la semana pasada, el Tribunal Oral Federal N°1 aborda el crimen de un médico, cuyo cuerpo fue dinamitado, mientras que el Tribunal Oral Federal N°2 inició un debate en el que se tratan los tormentos a un militante peronista detenido ilegalmente durante casi ocho años en distintas cárceles del país.
El Tribunal Oral Federal N°1, integrado por Federico Santiago Díaz (presidente), María Alejandra Cataldi y Jorge Abelardo Basbus, comenzó el miércoles el juicio seguido contra los exmilitares Ernesto Alejandro Repossi y Juan Carlos Alzugaray por el asesinato del médico Pedro Enrique Urueña en el marco del terrorismo de Estado que antecedió a la última dictadura.
De acuerdo con la acusación fiscal, el crimen fue perpetrado el 16 de diciembre de 1975, en el marco de un procedimiento conjunto del Ejército y de la Policía de Salta, cuyos integrantes secuestraron a Urueña de su casa en Tartagal, para luego ejecutarlo a balazos y dinamitar su cuerpo. El móvil del crimen está vinculado con la labor política y social que desarrollaba Urueña en el norte de la provincia.
La fiscalía imputó a los acusados los delitos de privación ilegal de la libertad, cometida por un funcionario público, con abuso funcional y falta de las formalidades prescriptas por la ley, agravada por haberse cometido con violencia y amenazas; en concurso real con homicidio agravado por alevosía y por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas.
En el inicio del debate, el presidente del tribunal ordenó la lectura de la acusación, de la que surge que Urueña fue blanco de un grupo de tareas comandado por personal del Regimiento de Infantería de Monte 28, de Tartagal, del cual era jefe el acusado Repossi.
Según la pieza, cinco hombres de civil, en un auto Ford Falcón, con armas largas e identificándose como policías, llegaron a la casa de la víctima y dijeron que iban a realizar un allanamiento, sin mostrar orden judicial alguna y con una inusitada violencia, tras lo cual se llevaron al profesional. Lo condujeron por la ruta nacional 34 hasta un camino que conduce al paraje Balbuena, a unos 8 kilómetros al sur de General Mosconi y en esa encrucijada lo ejecutaron mediante disparos de arma de fuego y la detonación de explosivos en su cuerpo. Al día siguiente, aparecieron en la escena del crimen partes del cuerpo destrozado por acción de los explosivos y una cápsula de bala servida calibre 9 milímetros.
Al igual que lo que había declarado en la fase de instrucción, la mujer confirmó que su esposo ya había sido víctima de otros operativos en diciembre de 1974 y en marzo de 1975, y que había sido alojado en el penal de Villa Las Rosas por “razones políticas”, pues militaba en la Juventud Peronista y, dada su profesión, tenía una fuerte influencia social en esa región.
Tras relatar otros episodios que fueron parte del periplo por conocer la situación de su esposo, indicó que el 27 de ese mes recibió un llamado anónimo en el que le informaron que a media cuadra había una carta que era para ella. Explicó que entonces dio aviso a las autoridades, tras lo cual fue informada del contenido de la misiva, por la cual supo que su esposo había sido ejecutado en el camino al paraje a Balbuena por el denominado “Comando Libertadores de América”.
En efecto, un acta labrada el 26 de diciembre de 1975 por la policía local registró el reconocimiento que hizo la testigo del cuerpo de Urueña luego de que se le exhibieran retazos de prendas de vestir.
Golpizas y traslados
Por otro lado, el Tribunal Oral Federal N°2, integrado también con el juez Díaz, en calidad de presidente, junto a Cataldi y la jueza Gabriela Catalano, comenzó el jueves a juzgar a Juan Carlos Alzugaray, ex inspector de la Delegación Salta de la Policía Federal, por su participación, en grado de coautor, del delito de imposición de tormentos agravados en perjuicio de Eduardo José Porcel (h), agravado por ser la víctima un perseguido político.
Los hechos que afectaron a Porcel tuvieron inicio el día 18 de enero de 1975, cuando fue detenido sin orden judicial por efectivos de la Policía de la Provincia en el kilómetro 13 de la ruta nacional N°9, en el trayecto entre la ciudad de Salta y Tucumán, en el marco de control policial.
De acuerdo con la pieza acusatoria, la víctima fue conducida desde ese lugar a la Central de Policía, en la capital salteña, donde fue interrogada por sus vinculaciones con otros disidentes políticos, tras lo cual fue trasladada a la Delegación Salta de la Policía Federal, donde se repitió la situación, aunque en este caso fue sometida a torturas por personal de esa fuerza, en particular por Alzugaray.
Porcel fue trasladado al otro día al penal provincial de Villa Las Rosas, donde quedó alojado en calidad de detenido “a disposición del Poder Ejecutivo Nacional”. El 1° de abril fue trasladado con los ojos vendados hasta Tucumán, por una supuesta orden del juez federal de esa provincia, pero terminó en el centro clandestino de detención denominado “La Escuelita”, en la localidad tucumana de Famaillá, donde fue sometido a distinto tipo de torturas.
Siempre según la acusación, posteriormente fue derivado a diferentes unidades carcelarias del país, donde fue sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Entre otros penales, estuvo en la cárcel de “Villa Urquiza” de Tucumán, en la de Rawson y en la ciudad La Plata.
Porcel declaró por los hechos que lo tuvieron como víctima en diferentes establecimientos penitenciarios y en centros clandestinos de detención durante casi ocho años, entre a fines de 1975 y hasta días antes de las elecciones generales de 1983.
El 19 de noviembre de 1982 fue puesto bajo el régimen de libertad vigilada y recuperó plenamente su libertad el día 21 de septiembre de 1983. En función de este derrotero ilegal y criminal, la fiscalía enmarcó los hechos vividos como resultado del plan sistemático de represión ilegal imperante durante el terrorismo de estado e individualizó a Alzugaray como uno de los responsables.
