Los detenidos enfrentan acusaciones por solicitar sobornos a reclusos a cambio de favores dentro del sistema penitenciario. Uno de ellos, además, está imputado provisionalmente por comercialización de estupefacientes agravada por ser cometida en lugar de detención.
El Juzgado de Garantías 3 del distrito Centro, tras analizar el pedido de la Unidad Fiscal conformada por Pedro García Castiella, procurador General de la Provincia de Salta, Ana Inés Salinas Odorisio y Gustavo Torres Rubelt, resolvió dictar prisión preventiva para uno de los funcionarios de la Unidad Carcelaria 1, mientras que denegó la solicitud de prisión domiciliaria para otro.
Ambos hombres están provisionalmente imputados como coautores del delito de exacciones ilegales agravadas (concusión).
El primero de ellos fue detenido el 15 de febrero en un allanamiento realizado en el marco de la causa en la que el Ministerio Público Fiscal investiga a funcionarios del Servicio Penitenciario que habrían exigido dinero a cambio de otorgar ciertos beneficios o permitido el ingreso de elementos prohibidos y estupefacientes para personas detenidas. El 17 de febrero fue imputado provisionalmente como coautor del delito de exacciones ilegales agravadas (concusión) y comercialización de estupefacientes agravada por ser cometida en lugar de detención.
Durante la audiencia, su abogado particular solicitó la prisión domiciliaria, la cual finalmente le fue denegada.
El segundo de los funcionarios del Servicio Penitenciario fue detenido el 6 de diciembre e imputado por el delito de exacciones ilegales agravadas (concusión). Su representante legal había solicitado la revisión de su prisión preventiva. El juez de Garantías 3 dictaminó que continúe detenido en la Alcaidía General de la Ciudad de Salta.
