217, fue la cifra de niños y niñas de comunidades indígenas de Salta que han perdido la vida en los años 2020, 2021 y 2022 por causas evitables.
San Martín, Orán y Rivadavia son departamentos salteños en los que murieron la mayor cantidad de ellos según las estadísticas oficiales de Salta.
Desde 2023 las autoridades no brindan información sobre los decesos y casos de desnutrición en Salta.
En el primer mes del año 2024 son 7 los menores que fallecieron por desnutrición, aunque en los certificados de defunción figuren como shock séptico, falla multiorganica, paro cardio respiratorio o gastroenteritis. Los médicos tienen prohibido poner en los certificados de defunción que las causas de fallecimiento son por desnutrición aguda.
En las planillas a las que se pudo acceder en los hospitales donde se niegan a brindar información por temor a represalias se pudo comprobar que cada nena o nene que ingresa con un severo cuadro de desnutrición, figura en la historia clínica como “bajo peso”.
El 8 de Enero 2024 se dio a conocer la noticia del fallecimiento de tres niños del norte provincial, dos de ellos pertenecientes a una comunidad wichi, que habrían muerto por desnutrición.
Gabriela Dorigato, Subsecretaria de Medicina Social, salió a aclarar que los pequeños no murieron por desnutrición, sino que la causa fue una “gastroenteritis más sepsis” que fueron atendidos en el hospital de Aguaray.
Y que otros dos también de esa semana que estuvieron atendidos por Morillo” indicó.
La funcionaria reconoce que hay niños wichi con bajo peso, porque desde salud les brindan un alimento terapéutico, también a partir de una evaluación previa les entregan el módulo, destinado a comunidades originarias, que es para niños con bajo peso o muy bajo peso y que contiene proteínas de alto valor biológico.
Sin embargo, de las consultas a las madres con sus hijos internados en los hospitales desmienten esta información señalando que los módulos focalizados el gobierno los entrega cada 4 meses.
También en los primeros días de enero del 2024 fallecieron un niño y una niña integrantes del Pueblo Wichi del departamento Rivadavia, Banda Norte.
La niña y el niño vivían en comunidades que distan unos 15 kilómetros entre sí. El varón ingresó al Hospital de Coronel Juan Solá o Estación Morillo, el miércoles 3 de enero a las 21.30, y falleció a las 5.30 del jueves.
Otro caso es el de un niño de 2 años que había estado internado en el Hospital Juan Domingo Perón y un bebe en el hospital de Embarcación.
Una semana antes una beba de 9 meses ingresó por tercera vez al Hospital San Vicente de Paul, en la ciudad Orán, cabecera del departamento del mismo nombre. Ella residía con sus padres en Misión La Cortada, ubicada en las márgenes de Morillo.
Otro de los casos que fue el de Job Moreno que falleció también por desnutrición en el hospital de Tartagal y su hermanita fue derivada al hospital de Orán también por la misma situación. Este último caso causó un revuelo en las autoridades sanitarias de Salta y hubo un severo llamado de atención del propio gobernador a los funcionarios de Salud y Desarrollo social que tienen a su cargo esas áreas.
Según los profesionales de los hospitales la situación nunca estuvo tan mal como en el presente y en muchos casos tampoco tienen los medicamentos necesarios.
Las responsabilidades de esta situación parten del ministerio de Salud Pública y de Desarrollo Social, a cargo de Mario Mimessi; la secretara de primera infancia, niñez y familia, Carina Paola Iradis; la subsecretaría de primera infancia Marcela Natalia Alarcón Fernández; la directora de acompañamiento familiar en contexto rurales María Belén Chalup; el director de Primera Infancia, Cristian Gabriel Fernández y la subsecretaria de niñez y familia, Cristian Eloy López Traficando, todos ellos “funcionarios que no funcionan” como lo dijo una vez la vicepresidenta, Cristina Kirchner.
Muchos nombres y cargos con salarios altos para que no exista una coordinada labor entre todos estos organismos para evitar las muertes por desnutrición que siguen sacudiendo a Salta.
El Gobierno pregona a cada instante que, bajo la desnutrición infantil en Salta, pero eso contrasta con la realidad con solo visitar los hospitales cabeceras y constatar los niños internados con desnutrición “o bajo peso” como los hacen figurar en las historias clínicas.
En el mes de enero de 2024 hubo más de 80 niños internados por desnutrición severa en los hospitales de Santa Victoria Este, Tartagal, Mosconi, Embarcación, Coronel Juan Solá, Pichanal y Orán. Solo en Embarcación hubo más de 30 internados.
Las madres o familiares que cuidan a los nenes internados son tímidos y de pocas palabras, pero si aseguran que no son tenidos en cuenta y que ni siquiera los visitan los agentes sanitarios y que los bolsones alimentarios los reciben muchas veces cada 3 o 4 meses.
Al hospital San Vicente de Paúl son derivados los niños con casos de extrema gravedad y en algunos casos es hasta difícil rehidratarlos con sueros porque no se pueden encontrar las venas para su canalización.
En la mayoría de los casos se trata de bebes recién nacidos hasta 3 años, cuyas con madres presentan también cuadros de desnutrición severa.
Una enfermera del hospital de Embarcación detalló que en muchos casos el cuerpo y físico de los niños de 3° grado se parecen a los de nenes que van al jardín de infantes.
A pesar de que los fallecimientos se producen por desnutrición las causas más frecuentes que aparecen en los certificados de defunción son gastroenteritis, deshidratación e infecciones respiratorias.
Para las organizaciones sociales que trabajan en el territorio, eso se traduce en hambre, falta de acceso al agua y otras problemáticas asociadas a las condiciones de extrema pobreza y vulneración de derechos en las que viven.
Una de ellas es la ONG Pata Pila, Diego Bustamante, su fundador ya había afirmado que es muy complejo el tema de la desnutrición en el norte del país. El joven porteño decidió dar un vuelco en su vida y se mudó al Chaco salteño, para combatir la desnutrición de los niños de las comunidades guaraní, chané y wichi. Asegura que “el 40 por ciento de los chicos de los pueblos originarios está desnutrido”.
Dijo también que “de cada cien niños que vemos treinta tienen mal nutrición y desnutrición”.
El 13 de enero de 2020 el entonces ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, se lamentaba en Salta por la confirmación de la muerte por desnutrición de tres menores de edad de origen wichi en el lapso de una semana. Acompañado por el gobernador provincial, Gustavo Sáenz, el funcionario nacional recorrió diferentes localidades en carácter de “urgencia” y sin embargo nada cambio hasta la fecha.
En resumen, la desnutrición infantil es un problema grave en la provincia de Salta, y los datos disponibles sugieren que está en aumento. La falta de información oficial en los últimos años y la necesidad de medidas efectivas y sostenibles por parte del gobierno son preocupantes y muestran un problema de gestión en la provincia.
Es necesario que se tomen medidas concretas para abordar esta situación y garantizar el derecho a la alimentación y la nutrición de los niños en la provincia de Salta.
El 29 de enero de 2020 la Legislatura de Salta sancionó la ley 8.185 donde se prorrogaba la emergencia, sanitaria en los departamentos del norte de la Provincia, los de mayor porcentaje de fallecimientos de menores, y mayor índice de necesidades básicas insatisfechas. A casi 4 años de la sanción de la ley, y tras cinco extensiones la realidad que se vive en las comunidades no parece entender de estado ni de emergencia, ni de socio, ni de sanitaria.
En el norte hay más de 200 comunidades originarias de las etnias Wichis, chorotes, tobas, tapietes y chulupíes las más empobrecidas.
Causa estupor asimilar que hace 4 años se rubricó la emergencia socio sanitaria y sin embargo esas infancias continúan muriendo evidentemente con bajo peso o desnutridas.
