La Jueza en lo Civil y Comercial de Primera Instancia de Primera Nominación de Tartagal Griselda Nieto rechazó un pedido de pronto despacho y el pedido de subasta pública de la finca “El Aybal” ya que la misma se encuentra decomisada a favor del Estado Nacional por sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal 1 en la causa contra Delfín Reinaldo Castedo y otros sobre asociación ilícita, encubrimiento e infracción Ley 23737.
El pedido de subasta pública del inmueble fue realizado por los abogados para el cobro de honorarios.
La jueza recordó que “el crédito aquí reclamado –honorarios- no responde a ninguna categoría de los privilegios especiales allí regulados, pues los mismos no son consecuencia de un juicio principal cuyo crédito sea privilegiado, pues como he referenciado con anterioridad, las actuaciones principales versan sobre una acción reivindicatoria por lo que no resulta de aplicación la reserva dispuesta por el artículo 2585 del Código Civil y Comercial de la Nación”.
Y sobre el pedido de ejecución en subasta pública del bien, recordó la magistrada que la finca “El Aybal” fue decomisada a favor del Estado Nacional. Esta sentencia se encuentra recurrida ante la Cámara de Casación Penal.
La citada finca tiene una extensión de 19.954 hectáreas y limita con la línea fronteriza con Bolivia.
“La adopción de una medida liquidadora frustraría totalmente la finalidad establecida por el artículo 23 del Código Penal al establecer la sanción de decomiso, aun y cuando la sentencia penal se encuentre en trámite de casación en función de los intereses superiores en juego atento a que, como lo menciona el TOF N.º 1 Salta, la Finca “El Aybal” y “El Pajeal” formaban parte de la planificación criminal, constituyendo asiento territorial de la misma atento las inmejorables condiciones geográficas de ambos inmuebles”, citó la jueza.
