La audiencia debate se extenderá hasta el miércoles 2 de agosto. La fiscal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, los acusa de emitir un Permiso Transitorio de Habilitación con la firma falsificada de la Subsecretaría de Habilitaciones de la Municipalidad de Salta y cobrar por ello.
La fiscal Penal de la Unidad de Delito Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, representa al Ministerio Público Fiscal en la audiencia debate contra tres empleados de la Municipalidad de Salta.
Salinas Odorisio acusa a Andrea Cecilia Palacios, Azucena del Valle Ruiz y Hernán Ochoa de los delitos de estafa y falsificación de instrumento público.
La intervención de la UDEC inició el 11 de junio de 2020 cuando la Subsecretaria de Habilitaciones de la Municipalidad de Salta denunció que su firma había sido falsificada en un Permiso Transitorio de Habilitación, extendido el 2 de junio de 2020, a un local de productos y artículos de limpieza ubicado en calle Leguizamón al 1700.
Los investigadores de la División de Delitos Económicos descubrieron que el propietario del local había iniciado en agosto de 2019 los trámites para habilitación de su local, siendo atendido en el Centro Cívico Municipal por Ruiz, del Área de Inspecciones y por Palacios del Área de Legajos, que es la que propiamente se ocupa de la extensión de los permisos transitorios. Abonó un total de $ 6.000, $ 3000 por sellado y $ 3000 por honorarios. El trámite debía continuar vía web.
En la Agencia de Recaudación de la Municipalidad de Salta (ARMSa) no existe registro de ingreso de pago de sellado a las arcas municipales correspondiente al permiso transitorio.
Al no tener novedades, el dueño del local contrató durante el Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DISPO) decretado durante la pandemia de coronavirus, a un hombre (Ochoa) que se presentó como gestor, para la habilitación comercial de su local, entregando dinero para la realización del trámite. Tiempo después le entregó el Permiso Transitorio.
A través del entrecruzamiento de datos, los efectivos pudieron identificar a los tres empleados municipales involucrados en la estafa, reuniendo las pruebas necesarias para su imputación.
En febrero de 2021, la fiscal Salinas Odorisio requirió juicio para los tres acusados, instancia que comenzó ayer y se extenderá hasta el miércoles 2 de agosto en la Sala 6 del Tribunal de Juicio.
