Briana Torres falleció en el Hospital San Roque de la ciudad de Embarcación. Sus familiares aseguran que los turnos para el establecimiento se venden.
Soy de Salta y mi pueblo se llama Embarcación. Es un pueblo armado con gente que iba llegando con el tren con empleados ferroviarios”, dijo José Andrada frente a los ojos del mundo. En el homenaje que la Conmebol le ofrendó a los campeones del mundo se infiltró el orgullo por un lugar de un niño de doce años. En esa misma ciudad, 18 días antes de que un niño viral le enseñara a Lionel Messi cómo se construyó su pueblo, había fallecido Briana Torres, de apenas seis años. Su muerte se decretó en el Hospital San Roque, un centro de salud público.
La mañana del jueves 9 de marzo Briana estaba en brazos de Eugenia, su mamá, esperando ser atendida por un pediatra que no llegaba. La descompensación de la niña en la sala de espera activó un protocolo de urgencia: enfermeros la trasladaron al shock room del primer piso para que sea atendida por médicos. Un paro cardíaco provocó su deceso. Pudo haber sido un episodio aislado: no lo es.
“Estos hechos se reiteran como producto de las falencias estructurales del sistema sanitario salteño y de la falta de políticas públicas para garantizar a las infancias el derecho a la salud, al agua potable y a la alimentación”, denunció la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que acompaña a la familia de la víctima en la denuncia penal para que se investiguen las irregularidades hospitalarias y que elevará un reclamo ante la Corte de Justicia de Salta por la falta de implementación de la Ley de Salud Intercultural.
Briana era una niña de la comunidad wichí, perteneciente al barrio Misión La Loma, emplazada en las afueras de Embarcación. Había empezado a morir el domingo, cuatro días antes. Ese día la fiebre se le disparó. El lunes su mamá ya había dedicado el día a llevarla a la guardia del hospital. La respuesta fue suministrarle un poco de paracetamol. La fiebre no se le curó. Volvió el martes. Ya nadie la pudo ver. Sabe que en ese centro de salud, los turnos son bienes codiciados: ante la alta demanda, los puestos de atención se venden. Así lo denunció el tío de la víctima y secretario de la Comisión Directiva Wichí, Mirko Neuenschwander, en diálogo con Tiempo Argentino.
“La venta de turnos fue reconocida por el mismo gerente del hospital ante los medios. El personal reservaba y vendía los turnos. La gente de bajos recursos como la de las comunidades no puede pagar dos mil pesos por un turno porque es quitarle días de comida. Entonces se quedan sin atención médica”, indicó.
La niña se despertó, el miércoles, otra vez con fiebre alta. La solución que encontró la familia fue pedirle a sobrino que ocupara un lugar en la fila para que, cuanto antes, alguien la atendiera. Estuvo desde las 21 horas hasta las cinco de la mañana para obtener uno de los veinte turnos diarios. Las urgencias, en ese centro de salud, se pagan. La práctica es de público conocimiento: lo saben todos, pacientes, médicos y directivos. Eugenia llegó al hospital con su hija en la primera mañana del jueves con un turno ganado. “Se suponía que el pediatra tenía que estar a las 8. Pero eran las 8.30 o las 9 y no llegaba”, le dijo Yudith Bracamonte, integrante de la comunidad y amiga de la madre, a Salta/12.
Briana Torres, alumna de primer grado, penúltima de cinco hermanos, murió el jueves 9 de marzo después de esperar cuatro días una atención digna. Las razones de su fallecimiento aún son un incordio: se descartó la meningitis -contrario a lo que sugiere su certificado de defunción- y se cree que fue producto de una infección generalizada. “Era una nena normonutrida, controlada correctamente por APS (atención primaria de la salud), y con esquema completo de vacunas tanto ella como sus hermanos”, acreditó Facundo Orosco, gerente del centro de salud, quien a su vez cuestionó la versión de la familia y dijo que la niña nunca fue atendida días previos a su fallecimiento.
Orosco, a su vez, admitió que en el hospital se comercializaban los turnos de atención: dijo, sin embargo, que se trataba de una irregularidad indiferente a la administración que ocurría fuera de los límites del edificio público. Una publicación en la cuenta oficial de Facebook constata que la práctica era habitual y conocida por todos. El texto informa que “debido a inconvenientes diarios con la venta de turnos por parte de personas ajenas al hospital, la próxima semana se informará la modalidad de entrega de turnos para aptos físicos escolares”.
En un segundo comunicado, avisaron que la metodología cambiaba por completo: la fila se realizará dentro del establecimiento de salud y que las personas deberán acreditar su atención con la identidad del paciente. “Las personas solicitantes deberán ingresar por calle Hipólito Yrigoyen donde el personal de seguridad los formará según el orden de llegada, y teniendo en cuenta la siguiente normativa: la fila se realizará dentro del hospital, quedando bajo estricto control del personal de seguridad. Solo se dará un turno por persona que deberá ir con el DNI en mano, y no habrá posibilidad de reemplazar o modificar la fila al momento de otorgar los turnos”, sostuvieron.
“Acá te muerde un perro y te morís. Se te infecta la herida y no hay antibióticos. En el interior de la provincia, la gente de las comunidades tiene que volver con sus hijos enfermos al hospital cada ocho horas porque el médico te mezquina el remedio, no te quiere dar el frasco o la caja de pastillas. Esos son los tratos que existen para nosotros. Casos como el de mi sobrina hay un montón”, le dijo Mirko Neuenschwander, referente de la comunidad wichí, a Tiempo Argentino.
Briana vivía en Misión La Loma, un poblado establecido en la periferia de Embarcación y que nuclea a miembros de los pueblos wichí, qom y guaraní, colectivos siempre postergados, que carecen de derechos básicos como servicio de agua potable, cloaca y gas. Allí viven aproximadamente 300 familias: la más nutrida es la comunidad wichí con dos tercios de los habitantes. La Dirección de Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud Pública de Salta notificó que en los últimos tres años murieron en la provincia 217 niñas y niños de los pueblos originarios: 108 en 2020, 64 en 2021 y 45 en 2022.
