También aparecen altos gastos en tarjetas de crédito y débito y personas con cobertura de medicina prepaga, entre otras cosas. El fiscal Marijuán realizó una denuncia penal.
El fiscal federal Guillermo Marijuán realizó una grave denuncia penal por las incompatibilidades detectadas por la AFIP entre los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo y pidió la suspensión y el reempadronamiento de los planes sociales otorgados de manera irregular. La investigación preliminar, basada sobre el relevamiento efectuado por la AFIP, realizado sobre el universo de 1.383.279 titulares de ese plan, detectó que:
– 44.235 recibieron ingresos en los últimos seis meses mayores a dos veces el importe del salario mínimo vital y móvil, que, según la última actualización, asciende a 57.900 pesos.
– 63.211 registran gastos o consumos con tarjeta de crédito o débito o billetera mayor a dos veces el importe del salario mínimo vital y móvil.
– 253.184 presentaron declaración jurada de bienes personales.
– 52.987 son propietarios de más de un inmueble, automotor, embarcación o aeronave,
– 10.477 registran un automotor de menos de un año de antigüedad.
– 835 pertenecen al régimen simplificado categoría C o superior.
– 8.019 son titulares de jubilaciones, pensiones o retiros.
– 209 poseen medicina prepaga o cobertura social.
– 35.398 percibieron divisas en el mercado de cambios dentro de los seis meses de percibir la asignación
– 39.874 son titulares de establecimientos comerciales abiertos al público o explotación agrícola o ganadera.
– 2.870 perciben el subsidio a pesar de encontrarse fallecidos.
La investigación preliminar del fiscal federal se realizó después de que Infobae revelara la existencia de beneficiarios de ese plan social que compraron dólares para ahorro y presentaron declaraciones de bienes personales, hechos que no los ubicaría entre los que pueden acceder al beneficio.
Con esos datos en la mano, Marijuán solicitó la información para analizar los números allí vertidos hizo la denuncia. La misma es por el delito de defraudación contra la administración pública cometido por quienes se inscribieron en el Programa Potenciar Trabajo sin tener las condiciones para hacerlo. Fue allí donde el fiscal pidió que una vez que sea impulsada la investigación penal se suspendan los beneficios del plan para las personas identificadas por cometer las irregularidades y se realice un reempadronamiento.
