El gasto militar mundial alcanzó 1,92 billones de dólares en 2019, un incremento del 3,6% respecto a 2018. ¿Qué posición tomarán nuestras fuerzas armadas?
“No estoy exento de temas psicóticos, no me reconozco diciendo lo que dije”. De esa forma el expresidente Eduardo Duhalde intentó justificar la advertencia que lanzó días atrás sobre un posible golpe de Estado. Aseguró que un militar peronista le comentó sobre los preparativos y que por un instante se desenganchó de la realidad creyéndolo verosímil. La posibilidad de que en la Argentina de hoy se lleve a cabo un golpe militar es nula. En este sentido, fue muy saludable la respuesta contundente desde ambos lados de la grieta descartando los vaticinios oscuros del expresidente y ratificando la realización de elecciones en 2021.
Tener que aclarar esto parece fuera de lugar, anacrónico, casi absurdo. Es cierto que nuestro país fue incapaz de consolidar un andamiaje institucional sólido: padécenos una democracia de baja intensidad, con múltiples atropellos a la ley e incapacidad para brindar los bienes públicos esenciales. Por eso, para amplios sectores de la ciudadanía, existen demandas insatisfechas de las más elementales a las que nuestro sistema democrático no supo dar respuesta después de casi 37 años. Sin embargo, uno de los pocos logros de la transición a la democracia fue colocar definitivamente a las Fuerzas Armadas dentro de un marco constitucional, y sobre esto existe un amplio consenso político y social, el cual es casi absoluto.
La predicción rimbombante hecha por Duhalde respecto al golpe de Estado atrajo toda la atención mediática, dejando a un costado un aspecto importante de sus declaraciones que no debería ser desatendido: el aumento del militarismo en la región y, yo agregaría, en el mundo.
El aumento del militarismo en el mundo
Esto abre la puerta a una discusión más relevante sobre el nuevo rol que ocupan las fuerzas militares en el siglo XXI. Según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), el gasto militar mundial alcanzó 1,92 billones de dólares en 2019, un incremento del 3,6% respecto a 2018 y el mayor crecimiento anual desde 2010. El 62% del gasto fue hecho por 5 países: Estados Unidos, China, India, Rusia y Arabia Saudita (es la primera vez que dos países asiáticos figuran entre los tres primeros). Al calor del aumento presupuestario, la preponderancia e influencia que las fuerzas militares poseen en cada uno de estos países se amplía.
En Rusia, el presidente Vladimir Putin logró con éxito una reforma constitucional que extiende su permanencia en el poder hasta 2036. Las fuerzas armadas son un eje fundamental en su gobierno. El propio Putin construyó su carrera política desde la KGB y, posteriormente, desde el Servicio Federal de Seguridad (sucesor de la KGB). Al margen de la tradición militarista de Rusia, es de esperar que, para el exagente, la contrainteligencia y el espionaje ocupen un lugar central en su agenda. Precisamente en estos momentos, Alexei Navalny (principal líder opositor a Putin) se debate entre la vida y la muerte en un hospital de Alemania, presuntamente por haber sido envenenado.
En Estados Unidos, en donde históricamente se han mantenido al margen de la política, los militares continúan siendo arrastrados por el actual gobierno hacia una mayor intervención interna: el uso de tropas contra sus conciudadanos en las calles estadounidenses ha sido avalado por el presidente Trump invocando la Ley de Insurrección de 1807. Por suerte, los militares norteamericanos han rechazado involucrarse en conflictos domésticos. Pero la tensión está latente y muchos observadores piensan que también en este sentido, la elección del 3/11 puede ser determinante.
En China e India, los enfrentamientos fronterizos han dado lugar a una escalada sin precedentes y a un fortalecimiento del rol del ejército, tanto en Beijing como en Delhi. El gasto militar de China alcanzó los 261.000 millones de dólares en 2019, un aumento del 5,1% en comparación con 2018 y el de India creció un 6,8% hasta los 71.100 millones de dólares. Ambas potencias emergentes saben que en la realpolitik del conflicto fronterizo (ambos países son potencias nucleares), las fuerzas armadas seguirán jugando un papel central.
En América Latina, los militares adquirieron un renovado protagonismo tras la oleada de protestas e inestabilidad política que sufrió la región en el último trimestre del 2019. En octubre del año pasado, luego de que el Congreso peruano intentara suspender al presidente Martín Vizcarra por “incapacidad temporal”, el mandatario publicó una fotografía rodeado de los máximos representantes de los organismos militares y policiales del país donde ratificaban su “pleno respaldo al orden constitucional y al presidente”. Una muestra de poder similar ocurrió en Ecuador, donde el presidente Lenín Moreno anunció la eliminación de los subsidios a los combustibles flanqueado por los mandos militares en uniforme y de camuflaje. En Chile, el presidente Sebastián Piñera, acompañado por el general del ejército Javier Iturriaga, afirmó en televisión: “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso”, al referirse a los incidentes que ocurrían en varias ciudades del país. Fue el propio general quien se encargó de aclarar después que él no estaba en guerra con nadie, desmintiendo al presidente. Iturriaga había sido designado Jefe de la Defensa Nacional para la Región Metropolitana de Santiago al establecerse el Estado de Emergencia (la primera vez que ocurría desde que retornó la democracia en 1990). En Venezuela, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional Bolivariana y los cuerpos paramilitares organizados por el régimen, son casi exclusivamente el único sostén interno del gobierno de Nicolas Maduro. El caso más emblemático quizás sea el de Bolivia, donde en noviembre de 2019 los militares tuvieron un rol fundamental enorquestar el golpe de Estado. El comandante de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman había “sugerido” públicamente a Evo Morales que abandonara el cargo para “pacificar” al país. Desde entonces, los militares han sido cruciales durante la administración de la mandataria interina Jeanine Áñez. En la actualidad existen cinco gobiernos en Latinoamérica que no han sido elegidos en comicios libres o que se quedaron en el poder luego del tiempo establecido (Venezuela, Nicaragua, Guyana, Haití y Bolivia). Es el número más alto desde fines de la década de 1980, cuando terminó la Guerra Fría. El de Brasil es un caso particular, porque aquí las fuerzas militares forman parte de la coalición de actores que llevaron democráticamente al capitán retirado del ejercido Jair Bolsonaro a la presidencia del país.
Ante esta realidad compleja y heterogénea, tanto a nivel regional como global, es que se discute el rol de los militares en el siglo XXI. Para ello, hay que desterrar prejuicios y grietas, pensando el futuro más que juzgando el pasado, y considerando las particularidades de cada nación. La norma apolítica que se aplica a las instituciones castrenses está siendo de hecho crecientemente reemplazada con nuevas reglas informales o prácticas: temas que antes eran prohibidos para los uniformados hoy son incorporados, los militares acceden a cargos que antes eran potestad exclusiva de civiles y también participan activamente del debate público.
En nuestro país, el problema no radica en que las Fuerzas Armadas sean apolíticas, sino que eviten la polarización, el faccionalismo, que operen dentro de los límites constitucionales y que respeten el resultado electoral. La situación estratégica y de seguridad que la Argentina enfrentará en los próximos años (interna y externa) es demasiado crítica para que los militares sean ignorados casi por completo. En 2019 (también de acuerdo con el SIPRI) los tres principales contribuyentes al gasto militar sudamericano fueron Brasil (51%), Colombia (19%) y Chile (9,8%). Juntos, representaron el 80% del gasto de la subregión. El gasto en Defensa de la Argentina cayó casi un 10% respecto a 2019 y es comparativamente el 11% de lo que gasta Brasil. Como porcentaje del PBI, nuestro país gasta en Defensa menos que Belice. Las fuerzas armadas se encuentran pesimamente capacitadas para defender el territorio nacional por serias limitaciones en términos financieros.
De cara a los próximos años (y décadas) existen múltiples desafíos en los que nuestras fuerzas armadas podrían (o no) ocupar un rol central: el cambio climático y los desastres naturales, la pesca ilegal en el litoral marítimo argentino, la disputa en torno a la Antártida, apoyo en el control del narcotráfico y el crimen organizado, la integridad territorial tantas veces vulnerada (incluyendo el reclamo soberano por las Islas Malvinas), la ciberseguridad, la carrera por el dominio del 5G y las nuevas tecnología, entre tantos otros. ¿Por qué no también la nueva cuestión de la seguridad sanitaria que emergerá tras la pandemia? Su participación en estos y tantos otros temas dependerá de un debate franco que aún nos debemos como sociedad. ¿Qué posición tomarán nuestras fuerzas armadas frente a las transformaciones en curso y los desajustes del poder mundial? ¿Cuál será la estrategia frente a un mundo en el cual la fuerza y sus instrumentos (desde el espionaje hasta la guerra) han vuelto a ser una probabilidad cada vez más cierta? Como sujetos sociales y actores políticos, es hora de que la dirigencia considere un nuevo contrato social que recomponga a nuestras fuerzas armadas de una manera práctica y apropiada, colocándolas a la altura de las nuevas exigencias globales.
