Mientras en Salta no pasa nada, en Jujuy imputados por violar la cuarentena entregaron cerca de 6 millones de pesos

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Las donaciones fueron en el marco de más de 90 acuerdos celebrados desde el inicio de la pandemia y el establecimiento del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO). Se destinaron a establecimientos de salud, educativos y de asistencia social.

En el marco de medidas alternativas de resolución de conflicto postuladas por la Unidad Fiscal Federal de Jujuy, a cargo del fiscal Federico Zurueta, se celebraron más de 90 acuerdos de reparación ofrecidos por personas imputadas por violaciones a las restricciones impuestas mediante Decretos de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional en el marco de la pandemia por el virus COVID-19. De este modo se recaudaron, desde que comenzó la pandemia, 5.967.256 pesos que fueron entregados a casi 100 entidades públicas e instituciones sin fines de lucro de la provincia de Jujuy.

El fiscal Zurueta sostuvo que las violaciones al artículo 205 del Código Penal, que tramitaron ante la Unidad Fiscal, configuraron supuestos menores con escasa afectación al bien jurídico y por ende ameritaban la consideración por parte de la fiscalía de una solución del conflicto alternativa a la pena como sanción penal.

Es por ello que se logró la donación, como reparación, de estas sumas de dinero que fueron destinadas a diecinueve hospitales y once puestos de salud, a establecimientos educativos, cuarteles de bomberos voluntarios, organismos de municipales y hogares que albergan a jóvenes y ancianos, en distintos puntos de la provincia de Jujuy. También se efectuaron donaciones a asociaciones civiles, fundaciones sin fines de lucro, comedores y merenderos, centros vecinales y escuelas, en su mayoría, de zonas rurales.

“Más allá de la materia procesal de cada caso, debo destacar las herramientas que brinda el nuevo Código Procesal, ya que a través de las mismas se pudo armonizar reparaciones muy importantes no sólo por el monto alcanzado, sino también por la extensión del beneficio hacia la comunidad”, sostuvo el fiscal.

“Esta tarea es también una función de los representantes del MPF, que no debe limitarse solamente a perseguir la imposición de una pena en los casos que corresponde, sino también a evaluar en qué casos es preferible una reparación, la cual puede significar de gran ayuda para distintas instituciones que, casualmente, necesitan ese aporte para ayudar a la comunidad en distintas áreas como también en lo social”, agregó. En tal sentido, remarcó la labor de las y los auxiliares fiscales Romina Verdur, Marina Cura, Valentina Casali, Carolina Zerdán y Federico Casas, y de todos los empleados que se desempeñan en esa Unidad Fiscal y destacó “el enorme compromiso y conciencia social demostrado por los funcionarios y empleados de la Unidad Fiscal para articular todo el trabajo que implica la concreción de este tipo de donaciones”.

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