El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, requirió ante el Juzgado de Garantías 2, la detención de una médica del Hospital Juan Domingo Perón de esa ciudad, quien intervino en el procedimiento de interrupción voluntaria de un embarazo de 22 semanas y dos días, realizado a una joven de 21 años, quien antes del procedimiento habría manifestado su arrepentimiento.
La denuncia contra la profesional fue radicada por una tía de la mujer. Según se desprendió de la historia clínica, el procedimiento ocurrió pasado 24 de agosto, cerca de las 15.
La Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo dispone en su artículo 4, que las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar, tienen el derecho a decidir acceder a la interrupción del embarazo hasta la semana 14, inclusive, del proceso gestacional.
Fuera del plazo dispuesto, existen dos excepciones contempladas por el Código Penal: una, que el embarazo fuera producto de un abuso sexual, o bien, que estuviere en peligro la vida o salud integral de la persona gestante. A prima facie, no surgió del análisis de la historia clínica ninguno de los dos casos.
Por lo expuesto, el fiscal penal Gonzalo Ariel Vega, consideró que existen motivos suficientes para que la médica intente evadir los requerimientos del proceso, como así también influir en testigos que pudieran surgir de la investigación.
Tambien podría ser investigado el director del hospital Santiago Payo.
