Empleados denunciaron al juez federal de Tartagal Martínez Frugoni “el patrón del mal”

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A través de un comunicado de prensa, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación; UEJN; expuso ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, a través de sus representantes gremiales, Julio Piumato, Secretario General; y Rocío Herrara, Secretaria de Protección Individual; las situaciones de maltrato que viven los empleados del Juzgado Federal de 1° Instancia de Tartagal cuyo titular es el juez Carlos Alberto Martínez Frugoni. Abuso de autoridad, maltrato y acoso laboral son algunos de los puntos elevados.

La UEJN hizo pública ayer lunes la denuncia presentada ante el Consejo de la Magistratura de la Nación. En el texto elevado se solicita que el magistrado federal “sea suspendido y apartado”. Agregan que se contemple aplicar la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres y se apruebe medida cautelar de tutela efectiva a las víctimas y testigos de los episodios de violencia denunciados. “El maltrato y abuso de autoridad llevado al ridículo de sumariar a más de 13 trabajadores/as -sumarios que luego fueron desestimados por la Cámara-, las constantes licencias médicas de sus dependientes producto del estrés, las desvinculaciones irregulares y con connivencia policial, son carta diaria en el juzgado a cargo de Martínez Frugoni”, reza el escrito de la Secretaría de Prensa de la UEJN, bajo el título “El Patrón del Mal”.

La principal herramienta del Juez, son los ascensos laborales, utilizados funcionalmente como sistema de premios, y como castigo, la elaboración de sumarios administrativos, “para coaccionar y manipular el personal”, reza la denuncia. Además, los testimonios coinciden en la utilización de las fuerzas de seguridad, como la Policía Federal y la Gendarmería Nacional “para controlar y realizar persecuciones al personal”. Por otra parte, condiciona a sus empleados a través de la no efectivización de cargos, la limitación de licencias y vacaciones determinadas a la voluntad del magistrado.

El parte de la Secretaria agrega que “se le suma una serie de irregularidades en el manejo de los gastos de funcionamiento que se deben rendir al Consejo de la Magistratura, y un altísimo porcentaje de resoluciones declaradas nulas y apartamientos del juez por la Cámara de Apelaciones de Salta”. El organismo recuerda que el juez llegó al cargo habiendo superado la edad jubilatoria y con tres sanciones en su trayectoria judicial, vinculadas a causas de narcotráfico.

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