En el juicio que se sigue en el Tribunal Oral Federal 1 por el cobro indebido del IFE, dos de los tres acusados admitieron que estaban obligados a realizar estos aportes a la organización política La Cámpora, lo que también se replicaba entre todos los gerentes designados en el PAMI.
Viviana Fernández, Emilia Juárez y Javier Eduardo Navarreta, quienes eran gerentes de PAMI en las sucursales de Orán, El Carril y Embarcación, respectivamente, prestaron declaración ante la jueza Mara Liliana Snopek, quien dirige el debate contra los ex funcionarios por el delito de defraudación a la administración pública.
La acusación penal contra los exgerentes surgió tras comprobarse que habían solicitado y percibido el IFE.
Mediante audiencias virtuales, la fiscalía y las defensas presentaron testigos y pruebas respecto al caso. El viernes pasado, previo a los alegatos, los tres acusados expresaron sus deseos de prestar declaración sobre los hechos imputados.
La primera en hacerlo fue Fernández, quien se refirió, en primer término, a su designación en el cargo y a su tarea social en comunidades originarias, “Luego, cuando asumí en el PAMI todo para mí era muy incierto por las irregularidades que tenía la empleadora hacia mi persona, no tenía un legajo ni acceso al sistema”, sostuvo.
Explicó que hasta que padeció muchas necesidades hasta que cobró su primer sueldo, lo que sucedió el 29 de abril de 2020. “Para mí todo esto era una incertidumbre muy grande, no tenía ingresos económicos y me costaba mucho”.
“Cuando tengo el primer sueldo, sabiendo que tenía que destinar el 20 % de la totalidad del sueldo al señor Marcos Vera, era el referente de La Cámpora provincial. Ese 20 % de mi sueldo iba destinado justamente como aporte a la organización de La Cámpora”, reveló.
Para luego agregar que ese aporte lo hacía a través de la ex funcionaria Verónica Molina, también del PAMI. “Ella –por Molina- se en cargaba a través de una reunión que se llevaba a cabo en Salta, entregaba este porcentaje, tanto mío como de los distintos jefes que habían asumido”, agregó Fernández.
Posteriormente, la acusada se refirió a otros inconvenientes económicos y laborales referidos al atraso de pago de facturas como la distancia que debía recorrer entre su vivienda, en Pichanal, hasta la agencia del PAMI, en Orán.
En cuanto al aporte, aseguró que no lo gestionó y que el beneficio lo recibió de manera automática. Indicó que habló con Vera para devolver ese dinero, pero que el entonces funcionario de ANSES le dijo que “ya no era posible”, por lo que decidió donarlo a una familia de escasos recursos que lo había solicitado, pero que no fue beneficiada.
