A través de sus defensores, los acusados habían sostenido que no hubo delito y culparon al Estado por fallas en las tareas de control. Tampoco prosperó un pedido de suspensión de juicio a prueba para los acusados más comprometidos.
La jueza de Revisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, Mariana Catalano, rechazó el sobreseimiento solicitado por la mayoría de los acusados de maniobras ilícitas en torno a la percepción indebida del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), al cabo de una extensa audiencia de control de acusación que demandó dos jornadas, entre el miércoles y el jueves pasado.
La resolución se dictó en el marco del proceso penal que se sigue contra 24 concejales de distintas localidades de la provincia y un empleado del Concejo Deliberante de la comuna capitalina.
De los 25 acusados, 18 lo están por defraudación a la Administración Pública en concurso ideal con incumplimiento de deberes de funcionario público. La misma imputación recae a los 7 acusados restantes, pero en calidad de tentativa respecto al fraude.
El pedido de sobreseimiento, introducido como cuestión preliminar, fue rebatido por el fiscal federal Ricardo Toranzos, quien lleva adelante la acusación. También se descartaron otras peticiones defensivas que pasaron por el cambio de calificación y la separación jurisdiccional del caso.
