Desde el viernes pasado, el Tribunal Oral Federal N°1 de Salta lleva adelante el juicio contra Sebastián Policarpio Flores por el delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes.
El juicio dejó expuestas graves irregularidades sucedidas en la Unidad Carcelaria N°3 de Orán, desde donde Flores, quien cumplía una pena de 4 años y 6 meses por tenencia de droga, habría dirigido el envío de estupefacientes de esa ciudad a la capital de Salta tal como había informado oportunamente NORTE YA.
En vista de ello, el fiscal Villalba dispuso que se inicien actuaciones preliminares a fin de establecer la presunta responsabilidad penal de integrantes del Servicio Penitenciario Provincial en los delitos imputados a Flores.
El caso llegó a juicio a partir de una investigación llevada adelante por la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) NOA, que se inició un año antes de la desarticulación de la organización dirigida por Flores, el 16 de octubre de 2020 mediante procedimientos realizados en Salta y Orán, producto de los cuales se incautaron más de siete kilos de cocaína.
En su alegato de apertura, el fiscal Villalba, acompañado por la auxiliar fiscal Mariana Gamba Cremaschi, repasó detalles del raid delictivo atribuido a Flores y de otras cinco personas, quienes cumplieron distintos roles en las operaciones de tráfico, consistentes no sólo en el traslado sino también la comercialización a revendedores. Al respecto, cabe señalar que el 22 de marzo pasado, en una audiencia de acuerdo pleno ante la jueza de Revisión Mariana Catalano, los cinco implicados junto a Flores, entre ellos su pareja Gisella Marisol Diego, recibieron penas de 2 a 6 años de prisión por su participación en los hechos.
El representante del Ministerio Público Fiscal indicó que en las investigaciones previas de dicha unidad fiscal provincial se llevaron adelante numerosas tareas de campo y de inteligencia que permitieron identificar a todos los cómplices de Flores, destacándose entre ellos su pareja, quien fue su “brazo ejecutor” en todas las maniobras.
En seguida, y previa negativa de declarar por parte de Flores, asistido por la defensora oficial Ximena Colombres, el tribunal abrió la etapa testimonial, oportunidad en que fue convocado a declarar, vía remota, uno de los oficiales de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) a cargo del caso.
El efectivo relató que, en respuesta a una denuncia web, se iniciaron pesquisas en el barrio San Benito, en la zona este de Salta. Como resultado de ello, se pudo establecer que mujeres procedentes de Orán eran las que proveían la droga, previa negociación con Marisol Diego y que la cocaína era de Policarpio Flores, quien se valía de personas en extremo estado de vulnerabilidad para el traslado del estupefaciente.
Posteriormente, se realizaron tareas para establecer el circuito de la cocaína, con lo cual se identificó el domicilio de Flores en Orán, como así también que la droga provenía de Bolivia a través del paso en Aguas Blancas, siendo Diego la que coordinaba esa tarea. Asimismo, esta mujer era la encargada de captar a mujeres, quienes luego eran utilizadas para el traslado de la droga -adosada en distintas partes del cuerpo-; de acuerdo a la acusación, todo era ordenado y controlado por Flores desde su lugar de encierro.
Luego otro efectivo de la misma fuerza explicó que en un principio los envíos dirigidos por Flores consistían en pocas cantidades, estimadas en 50 y 100 gramos, y que su destino principal era la localidad de Colonia Santa Rosa, a pocos kilómetros de Orán. Posteriormente, sin embargo, el flujo de droga cambió de dirección y cantidad, dirigiéndose envíos hacia la capital salteña destinadas a Natalia Juárez, quien a su vez la revendía en distintas bocas de expendio, entre ellas una ubicada en el barrio San Benito.
El testigo también relató un hecho que evidenció la influencia que tenía sobre mujeres en estado de vulnerabilidad, por lo general carentes de recursos económicos o adictas. Una de ella, destacada luego por el proceso de recuperación que emprendió tras ser detenida, reveló que había sido detenida en Jujuy con droga perteneciente a Flores, pero que asumió como propia.
En una conversación telefónica, la mujer le explicó al recluso que había sido detenida, pero que le fue otorgada la prisión domiciliaria debido a que tiene hijos menores de edad, circunstancias en que el acusado le pidió que vaya a verla al penal, ya que debía explicarle cómo y qué debía declarar.
El declarante reveló otros hechos que, entre marzo y octubre de 2020, se conocieron por las expresiones de Flores, quien no dejaba de llamar por teléfono, desde la cárcel, para verificar que sus instrucciones se cumplieran al pie de la letra.
Fue así como se descubrió que, antes de realizar un envío a Salta, por cantidades que rondaban el kilo, Diego debía ir hasta la casa de una curandera para que Flores pudiera tener una sesión y averiguar si la maniobra iba a salir bien. Tanta era la confianza del acusado, consideró el funcionario policial, que no tenía inconvenientes de revelar su accionar. “Yo manejo todo desde la cárcel”, solía repetirle a la curandera en sus charlas telefónicas, previo a cada operación de tráfico.
El policía contó que por cada kilogramo de cocaína que se enviaba a Salta el acusado obtenía una ganancia de 700 mil pesos, de los cuales sólo le pagaba 30 mil a las mujeres que utilizaba para el traslado, o bien, lo hacía con parte de la sustancia cuando eran adictas.
Con las ganancias, según reveló este y otro policía que declaró luego, Flores destinó una suma de 3.500.000 de pesos, producto del envío de cinco kilos de cocaína, a realizar refacciones en su vivienda ubicada en el barrio 9 de Julio.
Al respecto, uno de los testigos que participó del allanamiento describió el inmueble de dos pisos con más de ocho habitaciones, con pisos renovados, un hidromasaje que esperaba ser colocado y, lo que más le llamó la atención, fue una cama matrimonial que excedía cualquier medida. “Nunca vía una cama tan grande”, dijo el testigo, quien agregó que, en la planta alta, se había edificado un tinglado, pues Flores, en uno de sus llamados, dijo que quería explotar un “Karaoke” y abajo un cabaret.
Durante la audiencia también se aludió a que, de las conversaciones telefónicas mantenidas con Diego, su brazo ejecutor, se conoció que Flores había ordenado enterrar dinero en un sector de la vivienda, ya que en una ocasión le pidió a su pareja que hable con un albañil para sacar dinero. En el allanamiento del domicilio, el 16 de octubre de 2020, los efectivos revisaron toda la propiedad, pero no pudieron dar con el escondite, pues gran parte de la casa estaba construida y no se pudo localizar al albañil para dar con el dinero.
Respecto a cómo hacia Flores para poder ejercer el control de sus operaciones estando detenido, los testigos revelaron que hacía llamados desde un teléfono celular y utilizaba varios chips, proveídos presuntamente con ayuda de guardias del servicio penitenciario.
En compensación, y según surgió de las conversaciones con Diego, el personal implicado solía retirar mercadería de un comercio ubicado frente al penal, lugar al que Diego iba periódicamente a pagar el consumo de los efectivos. Según se narró en el debate, se llevaban incluso carne para el asado.
Uno de los testigos, a preguntas del fiscal Villalba, dio mayores precisiones e identificó a un guardia, cuyo nombre también surgió de los llamados de Flores, quien avisó que dicho efectivo iba a ir a su vivienda para retirar un nuevo aparato, el cual luego hizo ingresar oculto en un paquete de galletas, maniobra por la cual recibió el pago de una suma de dinero.
En vista de estas revelaciones, entre otras, fue que el fiscal ordenó la formación de un legajo a fin de determinar el accionar de los guardias que tenían a su cargo la vigilancia de Flores, ya que, al allanar su celda, no se encontró el teléfono celular.
Tras la detención de sus cómplices en una serie de allanamientos simultáneos, Flores llamó a Diego, quien le informó que había perdido toda la cocaína: no era guardada en esa casa sino en la de un vecino, quien tenía la mercancía oculta en una heladera vieja. En esa conversación ambos se peguntaron cómo la pesquisa dio con el vecino, ya que en los distintos llamados siempre lo mencionaron como “topo”, dato que fue suficiente para que el personal de la PSA realizara las tareas de campo que permitieron identificar su domicilio
