El Tribunal Oral Federal N°2 de Salta, integrado por Abel Fleming (presidente), Domingo Batule y Gabriela Catalano, condenó el jueves pasado a Juan Carlos Serrano Cruz y Nicolás Maximiliano Amaya a 7 años de prisión, en la audiencia final de un juicio que había comenzado el 19 de marzo.
La pena impuesta fue la solicitada por el fiscal general Francisco Snopek, de la Unidad Fiscal Salta, quien llevó adelante el caso desde el inicio. Previamente, en el juicio de responsabilidad, logró que ambos acusados sean declarados culpables por el delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes, en calidad de coautores.
El caso se presentó difícil para la fiscalía, pues Serrano Cruz y Amaya, detenidos con posterioridad al secuestro de la droga, habían desplegado numerosas e intricadas maniobras de ocultamiento que los colocaban distantes del transporte como de quienes lo ejecutaron.
Con comunicaciones en las que abundaban el lenguaje encriptado y movimientos migratorios coordinados para no aparecer junto a los autores materiales del tráfico, entre otras estratagemas, los dos acusados condujeron los hilos de la operación.
La fiscalía presentó en el debate los resultados de una investigación que por las pruebas reunidas y el análisis criminológico, permitió llegar a los eslabones más importante de esta organización.
La punta del ovillo
El caso se inició en la madrugada del 12 de diciembre de 2019, cuando una patrulla de Gendarmería Nacional detuvo dos camionetas VW Amarok, en las cuales viajaban los hermanos Branco y Ezequiel Villegas, oriundos de Mendoza, y Rodolfo Cruz, de Jujuy.
Los rodados fueron detenidos para el control de rutina en la ruta 68 a 7 kilómetros de la ciudad de Cafayate. Se descubrió que en el interior del tanque de combustible llevaban paquetes de cocaína, con un peso de 79 kilos.
Lo que más llamó la atención de esta carga fue que el tanque había sido alterado de tal forma que los soportes internos, que funcionan como rompeolas, no permitan ver la droga, la cual, a su vez, fue envasada al vacío para evitar su detección por canes antinarcóticos.
Este aspecto fue resaltado por el fiscal en su alegato, pues es una de las evidencias claves de la maniobra. Los jueces lo señalaron como un elemento que da cuenta del grado de sofisticación de la empresa delictiva.
Por este hecho, el fiscal Snopek llevó a juicio a los hermanos Villegas y Cruz ante el Tribunal Oral Federal N°1, el cual resolvió condenarlos a penas de 7 años de prisión el 15 de julio de 2020 y el decomiso de las dos camionetas.
Desde la sombra
La fiscalía advirtió que había indicios y pruebas respecto a los ideólogos de la operación y avanzó con las pesquisas, lo cual derivó en la detención de Serrano Cruz y Amaya. Ello sucedió a horas de iniciado el juicio a sus cómplices.
La fiscalía –en el alegato de apertura- advirtió sobre la complejidad del caso, pues a diferencia de los autores materiales fue necesaria una tarea más pormenorizada en la reunión de indicios y el análisis de cada uno de ellos.
El fiscal Snopek mostró el movimiento migratorio, las comunicaciones telefónicas y la explotación de redes sociales. Con ello probó la relación de los acusados con la droga y los tres condenados.
