El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, dispuso la conformación de una Unidad Fiscal de Investigación, que estará integrada por la fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke y por el fiscal penal 1 de Tartagal, Pablo Cabot.
La Unidad Fiscal fue creada tras las publicaciones periodísticas de distintos medios en contra del actual intendente de Salvador Mazza, de las que surgió que el jefe comunal vetó una ordenanza que solicitaba al Ejecutivo Municipal, una ayuda económica destinada a dos familias cuyos hijos padecen de leucemia.
Esa ordenanza, oportunamente aprobada por el Concejo Deliberante de ese municipio, estaba destinada a beneficiar a personas que padecen leucemia, principalmente a quienes se encuentren afuera de la comuna y que transitan la enfermedad.
Los fiscales ordenaron las primeras medidas tendientes a esclarecer el hecho.
Es que entre las facultades del Procurador General, se encuentra la de diseñar la política criminal y organizar la persecución penal del Ministerio Público Fiscal, con el objetivo de promover una adecuada administración de justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad.
Lamentablemente la Procuración no actuó de la misma manera cuando se descubrió el vacunatorio VIP en Salta que beneficio a funcionarios y otras personas que no eran personal estratégico ni esencial.
