El Gobierno desnuda una pobre gestión política y diplomática, a que se le suma una comunicación desconcertante. Mas promesas difíciles de cumplir, el cierre de fronteras y la fatídica experiencia de Formosa.
El ministro de Interior, Eduardo de Pedro, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, esta semana recibieron en persona un avión con 330 mil dosis de vacunas. Foto: Rafael Mario Quinteros
Alberto Fernández confesó en su única cadena nacional, el jueves pasado, que las previsiones sobre la campaña de vacunación por el COVID 19 no se están dando como esperaba. Durante el acto de asunción como titular del PJ, quizás embriagado por la grieta política, aseguró el lunes que “gracias a la unidad del FDT (Frente de Todos) estamos vacunando miles de argentinos mientras otros nos critican por Zoom”. Esa mañana había sucedido la clásica cita virtual de Juntos por el Cambio, que sorprendió al ex presidente Mauricio Macri en situación incómoda.
Aquel jueves 18, en medio de la confesión, el Presidente notificó que la Argentina tenía contratadas 65 millones de vacunas. No especificó de qué origen son. El lunes comunicó que durante abril podría completarse la vacunación para las personas de los segmentos de mayor riesgo. Tampoco explicó de qué modo.
Vale la pena reparar en estas cifras para calibrar la solvencia de los repetidos anuncios presidenciales. El Gobierno empezó su campaña de vacunación a finales del 2020. Hace ya tres meses con el “operativo Moscú” que llenó de lágrimas a militantes K. Fue casi de manera testimonial. Desde aquel momento, según estadísticas oficiales, lleva inoculadas a 3.240.731 personas. Cerca de 630 mil con ambas dosis. Con los dos últimos despachos recibidos desde Moscú tendría en stock 1.639.809 dosis. ¿Con qué fórmula, según el ritmo de vacunación y las disponibilidades, Alberto piensa completar en 40 días la inmunidad para cerca de 13 millones de argentinos? Ese volumen aproximado representa a los sectores de riesgo.
Los interrogantes se agigantan porque no hay a la vista grandes lotes de vacunas que estarían por llegar. Existen tres millones de dosis convenidas con China por la Sinopharm. Pero la ministro de Salud, Carla Vizzotti, aclaró que siguen en aquel país. El sendero burocrático para finalizar el compromiso no es sencillo. ¿Acaso porque el gigante asiático desea mechar otros negocios? Hay un detalle insoslayable: la Sinopharm aún no está habilitada para personas mayores de 60 años.
La campaña de vacunación, según evolucione, sería una tabla de salvación o una mochila con mercurio para que el Gobierno enfrente las elecciones legislativas. Es cierto que ocurre una carrera mundial por las vacunas, que la producción global está lejos de cubrir las necesidades del mundo, que las naciones desarrolladas tienen ventajas objetivas sobre las emergentes o las pobres. Pero en la Argentina se añadirían otros factores. Se advierte una mala praxis que no sólo radica en la comunicación desconcertante del poder. Ni siquiera valdría machacar con los vacunados VIP, que siguen apareciendo a diario. El Gobierno desnuda también una pobre gestión política y diplomática. Que le permita romper con la dependencia que tiene de Moscú y Beijing. O disimular la mala fortuna por la demora en la producción de la vacuna de AstraZeneca (británico-sueca), el primer convenio que anunció el Presidente en agosto. Un embarque que debía provenir desde la India en estos días (580 mil dosis) también fue postergado.
Aquella pobre gestión política y diplomática, tal vez, refleje el nivel de aislamiento geopolítico del Gobierno. Países de menor envergadura, en situación de emergencia sanitaria, lograron mediantes gestiones recibir ayudas. Paraguay, al borde del colapso, la obtuvo de parte de Chile y Emiratos Arabes.
México, también conmovido, se alivió algo con 2.5 millones de dosis de AstraZeneca que concedió Estados Unidos. Otro 1.5 millón fue derivado a Canadá. Después de un llamado telefónico que el premier Justin Trudeau mantuvo con Joe Biden, el jefe de la Casa Blanca. Ayer estuvo en la capital azteca una misión del gobierno demócrata. Chile también facilitó un lote de dosis a Ecuador.
No se conoce que el Gobierno esté llevando adelante tratativas de ese tipo. Tampoco que se esmere en destrabar el conflicto inexplicable que surgió con el laboratorio estadounidense Pfizer. Jamás algún funcionario se ocupó de aclarar que fue, de verdad, lo sucedido con la empresa. El ex ministro de Salud, Ginés González García, dijo en una ocasión que había puesto condiciones inaceptables.
Ahora la diputada por Juntos por el Cambio, Graciela Ocaña, presentó un proyecto para que las autoridades de Pfizer expliquen en el Congreso lo sucedido. La trama es bien turbia. Alberto Fernández tuvo conversaciones con el gerente general del laboratorio en la Argentina, Nicolás Vaquer y el director científico de la Fundación Infant, Fernando Polack, uno de los médicos que se ocupó de llevar adelante en nuestro país una de las fases de prueba de la vacuna. Estuvo siempre acompañado por otra argentina, Alejandra Gurtman, que ocupa un puesto importante en la estructura global de la empresa.
Tal apuesta se derrumbó sin que se develaran los motivos. El Gobierno habló de exceso de exigencias del laboratorio con países de la región. Pero la vacuna de Pfizer circula en Chile, México y Ecuador, entre otros.
La ausencia de vacunas abrió una discusión en el Gobierno sobre la manera de enfrentar la segunda ola. U otro brinco de la primera, porque en la Argentina la curva de contagios nunca declinó hasta valores mínimos, como se observó en Europa. El piso fueron 4 mil casos diarios. La situación es muy complicada por otra razón. El país está rodeado por verdaderas bombas sanitarias. El descontrol total de Brasil. Situación parecida en Bolivia. El cuadro dramático en Paraguay. El crecimiento del COVID en Uruguay e incluso en Chile. El país que combina dos fenómenos: uno de los mejores planes de vacunación masiva pero, en simultáneo, con un pico de contagios. Misterios del virus.
El Gobierno piensa en el cierre de fronteras y en castigar a aquellos que han salido del país. La severidad tiene al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, como uno de los estandartes. A esa espuma pareciera subirse el canciller, Felipe Solá. Resultaría entendible que no se quieran gastar fondos en repatriar gente que quedó varada. La pandemia cumplió un año. Pero tampoco estigmatizar a aquellos que con su dinero decidieron salir por unos días (en casos numerosos para vacunarse en el exterior) y regresar en breve.
Caben los controles (hisopados), también la exigencia de una cuarentena con seguimiento. Nunca el encierro forzoso en hoteles previstos por las autoridades sanitarias. El debate está abierto en el gabinete, donde no son pocos los que temen, ante cualquier desliz extremo, a la fatídica experiencia de Formosa.
