El fiscal federal, Ricardo Toranzos, explicó que la investigación por los concejales y funcionarios que cobraron el IFE está enmarcada en defraudación a la administración pública, al cobrar indebidamente un dinero que no les correspondía, por lo que le pueden caber penas de 2 a 6 años de prisión.
En declaraciones radiales indico que se pudo recabar información de aquellas personas que se inscribieron y cobraron el Ingreso Familiar de Emergencia. De los primeros 53 sospechosos pudieron detectar tres tipos de casos: los que pidieron y los rechazaron; aquellos que les aprobaron y no cobraron y los que estaban habilitados para cobrar y lo hicieron.
Toranzo explico que con la evidencia digital que obtuvieron del Anses van a determinar con el IP el lugar desde donde se hizo el pedido y hacer un seguimiento donde se cobró a que hora y el lugar.
La información obtenida está dada entre los que percibieron y sobre los que intentaron percibir este beneficio.
